Los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura actuaron de manera coordina para dejar sin quórum la sesión de la Comisión de Disciplina, que tenía previsto avanzar en el análisis de las denuncias que podrían derivar en el juicio político de varios magistrados.
La medida fue calificada de insólita, corporativa y extremadamente grave por el consejero César Grau, presidente de la comisión, que definió la actitud como un lock out de los jueces.
En el orden del día estaba tratar casos como el de Lago Escondido, la visita de magistrados y fiscales a la mansión de Joe Lewis en la Patagonia, a donde concurrieron invitados, lo que generó una causa judicial por los presuntos delitos de dádivas e incumplimiento de deberes de funcionario público.
De lo más llamativo fue que al iniciarse la sesión, que era seguida de modo remoto por sus miembros, se ve a los cuatro jueces representantes levantarse de sus posiciones y abandonarlas. Se trata de los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones. Representan a tres listas distintas en las líneas de la Magistratura. Pero todos coincidieron en hacer rug pull, como se le llama a tirar del mantel, con lo que enterraron la audiencia.
Lo que los jueces sabían era que en caso de arrancar la comisión iba a avanzar en el trámite que examina la cuestión disciplinaria de los magistrados implicados en Lago Escondido. Que es un legajo que se encuentra cerca del tiempo límite para agotar su tratamiento. Si el Consejo de la Magistratura no lo trata antes de septiembre, el trámite expirará. “Tenían que habilitarse las medidas de prueba, sabían que iban a perder la votación y tumbaron la sesión. Es un acto corporativo escandaloso”, comentó uno de los consejeros a LPO.
Del viaje a Lago Escondido participaron los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola. También el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, que es hijo de Carlos.
Quiero manifestar un hecho de suma gravedad y es que el estamento judicial ha decidido no participar de la reunión. Deberán dar explicaciones no solo a su estamento sino también a la sociedad toda. Esto es una vergüenza.
Ante el éxodo desconcertante de los jueces, el consejero Grau se refirió atónito a lo que ocurría. “Quiero manifestar un hecho de suma gravedad y es que el estamento judicial ha decidido no participar de la reunión. Deberán dar explicaciones no solo a su estamento sino también a la sociedad toda. Teníamos hoy una serie de puntos muy importantes. Muchos iban a salir por consenso y otros iban a discutirse en este ámbito plural creado por la reforma constitucional de 1994”, dijo.
“Todos y todas tenemos una responsabilidad ante la sociedad de dar respuestas. Tanto la comisión de disciplina como la de acusación tenemos una responsabilidad tremenda. Este es el único ámbito donde se puede juzgar la actividad de un magistrado”, avanzó Grau, que es representante en el Consejo por el estamento de los abogados. “La actividad de un Poder del Estado que tiene por misión impartir justicia a los ciudadanos. Por eso esto es una vergüenza. Se que hay muchos buenos jueces y juezas que no se sienten representados por este tipo de actitudes, que cuando las vemos en el Parlamento nacional nos escandalizamos. Que pase en un ámbito como el Consejo de la Magistratura nos parece un verdadero bochorno”.
La sala de sesión del Consejo de la Magistratura, semivacía ante la salida de los representantes de los jueces.
En el temario había 48 medidas para considerar. Los que se quedaron creen que los jueces en retirada estaban tan empecinados a no tratar Lago Escondido que sepultaron con su salida el tratamiento incluso de los temas que contaban con consenso.
El senador nacional cordobés y consejero Luis Juez, que preside la Comisión de Acusación, fue lapidario con la borrada de los jueces consejeros. “Me banco el debate, lo que no me banco es vaciar el debate. Siempre hay que dar el debate. No podemos eludir la responsabilidad que la Constitución nos da. No quiero ofender a nadie pero es muy grave rehuir la discusión. El día de mañana la gente nos va a reprochar por no hacer nuestra tarea. Podemos hacerla bien o mal. Pero nuestra obligación es sentarnos y discutir”. Sobre lo ocurrido en la sesión fue categórico. “Algunos decidieron vaciar la reunión para evitar que haya una sanción para determinados magistrados”.
Me banco el debate, lo que no me banco es vaciar el debate. No podemos eludir la responsabilidad que la Constitución nos da. Algunos decidieron vaciar la reunión para evitar que haya una sanción para determinados magistrados.
El consejero Grau adelantó que notificará a Horacio Rosatti, que es el presidente de la Corte Suprema de la Nación y del Consejo de la Magistratura, de lo ocurrido. “No se puede avanzar con ningún tema. Ni siquiera hicieron un planteo por alguna cuestión que no querían tratar. Precisamente una comisión donde el año pasado se hicieron múltiples planteos porque no se reunía y se postergaban los puntos. Me comuniqué personalmente con los señores consejeros para coordinar el día. Siete miembros de la Comisión de Administración Financiera son miembros de esta comisión de disciplina. El quorum pudo haberse dado pero los magistrados se levantaron y se fueron. Han hecho un lock out al Consejo de la Magistratura. Es realmente un hecho inédito. Sin decir nada se levantan y se van”.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, sorprendido por la actitud de los jueces.
Las demoras, deserciones y lo espaciado de las sesiones en el Consejo acarrear una crítica muy fuerte contra un órgano poblado de empleados y tocado por el desprestigio. El retraso en el tratamiento del caso del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque que tiene un trámite disciplinario por tres denuncias en el Consejo hace más de un año desde que fue admitida la primera, es algo irritante para sus impulsores.
La explicitación de este desatino estuvo marcada en boca del juez Eduardo Rodrígues Da Cruz que hace tres semanas le impuso a Bailaque una prisión preventiva por noventa días que no puede ejecutarse porque el magistrado involucrado tiene el legajo atrancado en el órgano encargado de habilitar o no su juicio político.
Este caso tiene que ser tratado por la comisión de Acusación que tiene a cargo el consejero Juez. “No vaya a ser que cuando se trate los jueces se le vayan de vuelta”, le dijo un integrante de la comisión a Juez.
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El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático para las elecciones de 2026, está en “estado crítico” por un atentado a tiros que sufrió en un acto de campaña en Bogotá.
El ataque ocurrió en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el oeste de Bogotá, donde Uribe Turbay, que participaba en un acto político, recibió varios disparos.
La Fiscalía confirmó que el presunto autor del atentado es un menor de 15 años que fue detenido en el lugar de los hechos con una pistola Glock (9 milímetros).
“Hemos recibido en nuestro Instituto de Urgencias al señor Miguel Uribe Turbay, quien ingresó en estado crítico y está siendo atendido de manera prioritaria por nuestro equipo de especialistas. En este momento se encuentra en procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico”, informó la clínica en el primer parte médico.
Por su parte, la esposa del Senador, María Claudia Tarazona, publicó en X que “Miguel Uribe “está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel”.
Miguel Uribe fue el congresista más votado en las elecciones de 2022 y es un político muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Asimismo es uno de los más severos críticos Gustavo Petro y uno de sus ejes de crítica es el deterioro de la seguridad en el país.
Uribe oficializó su aspiración a la presidencia en octubre de la año pasado y apuesta a ser la carta que permita el regreso del uribismo al poder. En ese entonces, el anuncio lo hizo desde Sabaneta, Antioquia, el mismo lugar donde fue asesinada su madre, la reconocida periodista Diana Turbay, a manos del cartel de Medellín comandado por Pablo Escobar cuando el tenía 5 años.
Uribe es nieto del expresidente colombiano Julio César Turbay que gobernó el país entre 1978-1982 y su vida esta marcada por la política y la violencia.
Miguel Uribe fue el congresista más votado en las elecciones de 2022 y es un político muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Asimismo es uno de los más severos críticos Gustavo Petro y uno de sus ejes de crítica es el deterioro de la seguridad en el país.
Petro dijo tras el atentado que se compromete a “garantizar la más absoluta transparencia del Estado en su competencia para llegar a los actores intelectuales del intento de homicidio” y destacó que Miguel Uribe sigue vivo y “toda la actividad se concentra en qué siga vivo. La primera linea de acción está con los profesionales”.
“Lo que hoy más cabe es que todos los colombianos nos centremos con la energía de nuestro corazón en que siga vivo Miguel Uribe Turbay. Esa es la prioridad, que el asesino no haya cumplido”, señaló Petro.
“Cualquiera que sea sus posiciones, antes que nada es persona y por tanto tiene el derecho absoluto a vivir. Qué todo lo que hagamos esté e tocado en que pueda seguir viviendo”, dijo Petro. El mandatario colombiano criticó que se esté instrumentalizando la acción violenta como parte de la pelea política que se avecina en 2026.
Petro habló del presunto asesino, pues sería menor de edad: “Las leyes nos obligan a proteger al niño por ser niño porque si no cuidamos a los niños no tendremos patria”. En esa línea indicó que están todas las herramientas para investigar el crimen y determinar los autores intelectuales.
Cualquiera que sea sus posiciones, antes que nada es persona y por tanto tiene el derecho absoluto a vivir. Qué todo lo que hagamos esté e tocado en que pueda seguir viviendo
“Se tienen que concentrar en saber el asesino intelectual. No debe haber recursos que se escatimen. Encontrar el culpable intelectual con su nombre propio, en el lugar en que viva, sea Colombia o el extranjero”, aseveró. Luego añadió: “El Estado se pone todo al servicio de la vida”.
El presidente Petro habló de la gravedad del crimen en cuanto que se atacó a un miembro de la oposición. “Cuando se mata un dirigente político se puede originar una vorágine de violencia si nos dejamos llenar el corazón de la violencia, porque por el odio político nos hemos matado los colombianos.”, reseñó.
Hubo un reconocimiento de posibles fallas de la escolta de Uribe. “Una falla de seguridad. Unos protocolos que indudablemente se incumplieron. Habrán responsables, empezando por los responsables de su seguridad. El deber del Estado es cuidar, cómo más a los miembros de las oposición porque si ellos no tienen libertad y vida, Colombia no tendrá libertad y vida”, indicó.
El mandatario habló de un supuesto seguimiento por parte del presunto autor material del crimen. “Lo venían siguiendo. No pudimos detenerlo sino hasta después, es un fracaso del gobierno, del Estado y de la nación. Cada vez que intentan acribillar a un hijo de la patria, la sociedad es derrotada”, declaró.
Esta atentado político es el primero en tres décadas en Colombia y recuerda los más cruentas de la guerra interna que vivió el país cafetero en tiempos de la guerrilla.
Ahora habla un poco más lento. Pero entiende todo. Sabe todo lo que pasó y a todo responde. El cuerpo está más débil, con los músculos escuálidos después de casi tres meses postrado en la cama. Pero Pablo Grillo es él otra vez. Y es alguien más: ahora es un fusilado que vive. Sale esta mañana del Hospital Ramos Mejía después de 83 días en terapia intensiva para empezar su rehabilitación en el Hospital Rocca en Devoto. Allí trabajarán sobre su sistema nervioso y motor durante la mañana y la tarde. Después –calculan los médicos que en dos o tres meses– van a construir con una impresora 3D la prótesis a medida de su cráneo, del que hoy Pablo sólo conserva la parte central. El costado derecho se lo removieron cuando lo operaron por primera vez, el día que ingresó casi al borde de la muerte en la terapia intensiva. El costado izquierdo se lo destruyó la granada de gas que le disparó el gendarme Guerrero, en aquel movimiento que ya es una marca de estos tiempos: el fotógrafo da cuatro pasos apurados de la vereda hacia el centro de la calle, se pone en cuclillas junto a una chapa prendida fuego, apunta la cámara hacia la cuadrilla de hombres armados que viene de frente y en un segundo el cuerpo se detiene, cae vencido sobre su costado izquierdo con la forma de un ovillo inerte.
El último fin de semana, antes de que Pablo saliera del hospital Ramos Mejía, ocho bailarinas repetían en el centro de Buenos Aires aquel movimiento coreografiado: los ocho cuerpos bajan acuclillados, las manos vacías se juntan frente al rostro dejando un hueco para la cámara imaginaria, se detiene el tiempo un instante y luego caen, ocho ovillos al suelo. El movimiento performático es un poco más lento que el original. Como habla Pablo ahora. Una sintonía fina que transforma la tragedia en belleza. La amenaza de la muerte segura en la esperanza de la vida. Quizás un momento clave de nuestra época.
Después de 83 días y 5 operaciones, le dieron el alta a Pablo Grillo. En dos o tres meses, los médicos van a construir con una impresora 3D la prótesis a medida de su cráneo, del que hoy sólo conserva la parte central.
A Pablo lo operaron cinco veces. Cuando ingresó a la terapia el 12 de marzo con la frente abierta como una fruta estallada los médicos pronosticaron que si llegaba a sobrevivir podía quedar en estado vegetativo. La herida era enorme y había perdido masa encefálica. “La primera operación fue para cortar la hemorragia y salvarle la vida –cuenta su hermano Emiliano– porque el cerebro estaba suelto en la cabeza: tuvo el impacto del proyectil en el lado frontal izquierdo y el cerebro rebotó en el lado derecho, entonces tenía dos hematomas. Y hubo que hacer una operación por cada uno”.
Una semana después Pablo abrió los ojos. Se encontró envuelto en cables, con el cuerpo entumecido y la boca llena por un tubo que le recorría la garganta hasta los pulmones. Sólo se escuchaba el ronroneo y los pitidos de las máquinas que los mantenían vivos a él y a otros quince internados. Lo último que recordaba era aquel movimiento entre el humo y el griterío, los pasos apurados hasta la calle, bajar en cuclillas y apuntar. Después, la oscuridad.
“Al principio no le podíamos contar nada porque no sabíamos qué recordaba y qué no –dice Fabián, su papá–. Lo que nos recomendaron desde el área de salud mental del hospital era que fuera todo a demanda. Que él nos preguntara. Si no quería saber, no le decíamos”.
–Hola, viejo.
Pablo dijo esas dos primeras palabras con la voz agrietada, después de que lo desentubaran. Hasta ahí se había comunicado con señas y miradas. “Tratamos de no entrar con remeras, gorras o prendas que dijeran Fuerza Pablo ni nada por el estilo –cuenta Fabián– hasta que empezó a preguntar”.
Le mostraron el video en un celular. Se vio a sí mismo lanzarse hacia la calle, ponerse en cuclillas y caer hecho un ovillo después de recibir el tiro de Guerrero. Desde la cama del hospital, increíble y delicadamente vivo, Pablo solo dijo:
–Cómo me dieron.
Con los días empezó a mover las manos y los pies. Recuperó la voz y empezó a hacer más preguntas. Escribió su nombre en un papel. Empezó a hacer garabatos y dibujos. Recibió más visitas. Familiares y amigos se acercaban a verlo en esa ventana de una hora que le daban cada día para saludarlo y darle fuerzas.
Alimentada por la bronca, la preocupación y la esperanza, esa fuerza se fue expandiendo. El nombre de Pablo Grillo apareció en carteles y remeras en las calles. En plaza de Mayo alguien instaló una silueta de cartón con su imagen. En Córdoba pintaron un mural de Pablo de pie sosteniendo una cámara. La consigna de “Justicia por Pablo Grillo” se esparció por las redes y en forma de volantes, stickers o pintadas con esténcil en las paredes. Se consolidaron rituales: semaforazos todos los viernes a las siete de la tarde en la plaza Mariano Moreno, en su barrio de Escalada, peñas solidarias, un festival rockero donde participaron los médicos y los hijos de los médicos, hasta un locro popular el último 25 de mayo. Los músicos de La Renga pidieron justicia y pronta recuperación desde el escenario en un recital en Bahía Blanca. Lo mismo hicieron La Bersuit, Divididos, Víctor Heredia. El Indio Solari le mandó un mensaje de WhatsApp que después se viralizó en las redes: “Desgraciadamente te ha tocado a vos convertirte en un símbolo más de la represión y la barbarie que se vive en la Argentina. Te deseo que te rehabilites, que puedas seguir pensando. Es una canallada lo que te ha pasado. Pero estás vivo”.
*
Todos los que estamos pendientes de la salud de Pablo recuperamos la esperanza cuando el 7 de mayo circuló en las redes una foto suya acodado en un balcón del hospital, con ambo azul y un gorro rojo de Independiente cubriéndole la cabeza desnuda. Después de meses había salido al aire libre, primero en silla de ruedas, más tarde de pie. Era su día número 55 en terapia intensiva. Los médicos estaban asombrados por la recuperación, pero seguían preocupados: Pablo perdía líquido cefalorraquídeo por la nariz. Tuvieron que operarlo dos veces más. El 15 de mayo para frenar la pérdida de líquido. Entonces hizo un cuadro de hidrocefalia: aumentó el flujo dentro de las cavidades, presionando y poniendo en riesgo el tejido cerebral. El 20 de mayo volvió al quirófano: le implantaron una válvula de drenaje para aliviar la presión.
Su cuerpo, blanco de la coreografía de violencias que se han naturalizado en la argentina de Milei, se convirtió en símbolo: hay pintadas, murales y hasta una obra de teatro que toma su historia.
Mientras se recuperaba, entre una operación y otra, volvió a sacar fotos. Una selfie con el celular junto a sus padres el 7 de mayo en el balcón. Y alguna a su ventana de la terapia con una cámara prestada. La suya estaba destruida. Cora Gamarnik, investigadora del Conicet especialista en fotografía y parte de la familia política –Pablo es sobrino de una prima suya– lo visitó en el Ramos Mejía y le llevó algunos libros. Y tiene una hipótesis sobre la suerte de Pablo: “La cámara recibió el primer impacto, la granada golpea ahí y desvía mínimamente la trayectoria. Creo que parte de lo que le salvó la vida fue su propia cámara”.
La Nikon D800 es profesional pero antigua. Puede sacar cuatro fotos por segundo –hoy las más nuevas llegan a sacar entre treinta y cuarenta–, es un aparato robusto. El impacto le despegó parte de la lente, le arrancó un botón y le cortó la correa. Con todo, amortiguó el disparo mortal del gendarme.
Cora Gamarnik está feliz por la recuperación de Pablo, pero no pierde de vista el fondo del asunto: “No se ve un ataque tan sistemático a los periodistas desde la dictadura militar – asegura -. En el 82 los fotógrafos también fueron un blanco de represión. En democracia, hubo episodios gravísimos durante el gobierno de Macri, cuando fue la movilización en contra de la reforma previsional. Pero nunca tan alarmantes como ahora. Contamos con más de un centenar de fotógrafos heridos durante el gobierno de Milei. Nunca fueron tantos”.
El ataque más grave a la libertad de expresión fue el último 31 de enero, cuando empezó el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso: 35 periodistas fueron heridos con balas de goma. En todas las marchas se reportó el mismo mecanismo. Cuando la policía reprime a los manifestantes, tiran, golpean o gasean a cualquier periodista que esté registrando el hecho. También está la modalidad del atropello: el 25 de marzo la policía motorizada chocó a Miguel Lo Bianco, de Reuters, y el 2 de abril al reportero Diego Gómez. No discriminan por ideología o línea editorial: en la marcha de los jubilados del 28 de agosto gasearon todos juntos y al mismo tiempo a los camarógrafos de C5N, La Nación+ y Canal 9. Tampoco disimulan: el último miércoles 28 de mayo gasearon a Antonio Becerra, el fotógrafo de Tiempo Argentino al que Santiago Caputo le tomó la credencial del pecho y lo marcó durante el debate de candidatos a la Legislatura porteña a fines de abril. Antes, la criminalización mantuvo detenidos e incomunicados a los reporteros Tomás Cuesta y Javier Iglesia.
Y el propio Presidente lo verbaliza: el 19 de abril tuiteó “la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial”. Luego el 3 de mayo: “No odiamos suficientemente a los periodistas”.
Patricia Bullrich, mientras, niega todo. El 9 de febrero, después de los tiroteos de la Ley Bases, recibió a un grupo de delegados de Adepa, Fopea y la Fundación Led y les dijo que es imposible pretender evitar que se registre lo que pasa en las calles.
A la ministra de Seguridad, que ha bajado su visibilidad en las redes y los medios en las últimas semanas, podrían caberle responsabilidades penales por el operativo que dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte. También al director de Gendarmería, Claudio Brilloni, al jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira, y al jefe del Comando Región I, Marcelo Porra. Por lo pronto, sólo está imputado el cabo Héctor Jesús Guerrero por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, avanza lento. Recién el 7 de mayo –el mismo día que Pablo salió al balcón y su nombre volvió a sonar fuerte en todos lados– la Gendarmería entregó el legajo y la información que el fiscal Eduardo Taiano había pedido oficialmente el 28 de marzo. Recién el lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte visitaron a Pablo Grillo en el hospital Ramos Mejía. Ayer se conoció su informe, donde se constatan las heridas gravísimas y el riesgo de muerte.
Durante el gobierno de Milei, más de un centenar de fotógrafos y reporteros fueron heridos. Nunca en democracia fueron tantos. Las organizaciones de derechos humanos denuncian un plan sistemático de ataque a la prensa.
En el entorno de Pablo reclaman velocidad en la investigación y advierten maniobras del gobierno que parecen tender al encubrimiento. Un informe de la querella, que llevan el Cels y la Liga Argentina por los Derechos Humanos dice que “luego de analizar el contenido de los videos aportados por la GNA y las modulaciones aportadas por la Policía Federal, queda en evidencia que existen en ellos inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación. En el caso de los videos, se advierten tramos faltantes en momentos clave del operativo, así como la omisión de escenas de interés probatorio”.
Mientras que el archivo de audio con las modulaciones radiales entregado por la Policía Federal “presenta una duración sustancialmente menor al rango horario consignado en su título, sin explicación sobre el criterio de recorte ni acompañamiento de transcripción o indicación precisa de los horarios cubiertos”.
Esta mañana, en la vereda del Ramos Mejía, la abogada querellante Claudia Cesaroni asegura que “la responsabilización política de la ministra no pasa por la acción judicial, sino por otros carriles: por ejemplo en el ámbito legislativo, que debería actuar con más insistencia en ese punto”. Su compañera, Agustina Lloret dice que “una respuesta judicial buena y eficiente, a lo sumo va a generar alguna disuasión entre los gendarmes, pero en la medida en que haya autoridades políticas que envalentonan, arengan y facilitan la violencia, lamentablemente la represión y la violencia van a seguir”.
Del gendarme Guerrero, en tanto, nadie sabe nada. No hay ningún sumario, ni información sobre su paradero. Gendarmería no ha respondido a los pedidos de informe sobre su situación. Hay quienes dicen que quizás, incluso, puede seguir participando de los operativos.
*
A pocos metros del Congreso, en la Universidad Nacional de las Artes, trabaja la coreógrafa Jazmín Titiunik. Participa del Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento en del Departamento Artes del Movimiento. Ya se acostumbró a que cada miércoles por la tarde los ensayos ocurrieran entre el ruido de los tiros y las sirenas. “Más allá de que aquí trabajamos el lenguaje de la danza y que nosotros tomamos el cuerpo, me di cuenta de que había algo específico pasando en los cuerpos, en los territorios, que era devastador”, explica. Y cuenta su mayor preocupación: “Hay una normalización de esta cotidianidad donde los cuerpos son golpeados, pateados, detenidos, encarcelados, gaseados. Y está lleno de imágenes, circulan videos, fotos, pero la sensación es que ya no se ve, aunque esté en frente”.
Fue entonces que, con su grupo de experimentación empezaron a repetir el movimiento de Pablo Grillo: una coreografía de cuerpos que se acuclillan, llevan las manos frente al rostro como tomando la cámara, y luego caen al suelo, en el mismo ángulo y la misma posición que cayó Pablo. Incorporaron ese movimiento a la obra ¿Cómo hacer ver? que aborda la represión policial y que ya presentaron en La Manzana de las Luces y el Museo de la Untref. Como lo había dicho el Indio: el movimiento de Pablo, Pablo mismo, convertido en un símbolo de la represión y la barbarie.
Cora Gamarnik cree que hay un significado aún mayor: “Es una metáfora de lo que estamos viviendo como país. Un pibe que va a expresar su solidaridad y su trabajo en una manifestación, en una protesta social, por un derecho, que termina herido de muerte por reclamar lo que es justo pero sin embargo se rodea a su vez de todo el amor, la solidaridad y el pedido de justicia. Lo salva ese amor y el hospital público, la salud pública, la solidaridad que recibe de tantos lados y que demuestran que no se sale solo”.
*
Esta mañana, en la puerta del Hospital Ramos Mejía, Pablo sale acompañado. Desde las nueve se empieza a juntar gente en la vereda de calle Venezuela, frente a la entrada del edificio que ocupa toda la manzana. La espera dura casi una hora y media. Llegan los amigos, la familia, los periodistas. Seis médicos de delantal blanco rodean al padre. Hay uno que no deja de hacer chistes y palmear a los demás. Se arma un pasillo de gente en torno a la salida que viborea hasta la ambulancia. Pablo va a recorrer seis metros hasta el vehículo del SAME, para partir al Rocca. La primera vez que se abre la puerta todos levantan las cámaras por sobre las cabezas de quienes estamos en la fila y sale un camillero vestido de rojo. Se ríe y estira las manos con las palmas hacia abajo pidiendo calma:
–Tranqui, tranqui que soy yo.
Nadie sabe quién es, pero varios se ríen. Bajan las cámaras.
Pasa un instante y las puertas se abren otra vez. Pablo aparece en el rectángulo con la sonrisa indestructible. Levanta el pulgar. No abre la boca. Primero está en la silla de ruedas, después lo suben a una camilla. Atraviesa el pasillo de fotógrafos y periodistas. No parpadea. Ni dice nada. Los amigos cantan:
–Che Pablito, volvete para el barrio, para seguir luchando.
Cuando termina el recorrido y lo suben a la ambulancia, dos de ellos ríen a carcajadas. Uno dice al otro:
–No entendió un choto.
–¡Es un montón! –le dice el otro– Vas a ver qué bien le hace.
Cuando la ambulancia se cierra y empieza a bajar a la calle Venezuela, Fabián está a un costado consolando con un abrazo apretado a un camillero gordo con gorro de San Lorenzo que se ha largado a llorar. Uno de los médicos, el que se pasó toda la mañana haciendo chistes, se ha quedado mudo, con los ojos rojos. Otro, que parece el jefe –mientras cinco están con delantal blanco él lleva sobretodo– saca el teléfono y marca un número:
–Está saliendo con toda la unidad –dice contento, como quien logra decir las palabras que ha esperado mucho tiempo para decir–. En veinte minutos está con ustedes por allá.
La ambulancia se va y sonríen los camarógrafos, que siguen apuntando. Sonríe la periodista que ya dejó de hablarle al micrófono. Sonríen los amigos y sonríe el padre que se seca las lágrimas. Igual la madre. Y todos a la vuelta.
Hoy, en el país de la crueldad, tenemos un respiro. Aquí, en esta vereda, estamos felices.