Por Cristian Franchi


En tiempo récord, Gustavo Bordet logró lo que Alberto no pudo y consiguió que se sancione una ley de emergencia económica que incluya un impuesto a la riqueza.

Pese al embate del inicio, las fotos de Máximo Kirchner con Martín Guzmán y el aval de la Rosada para avanzar en Diputados con el proyecto de impuesto a la riqueza, con el correr del tiempo la idea fue perdiendo fuerza. Pero fue Entre Ríos la que de alguna manera se transformó en el conejito de indias para trabajar en una ley del famoso impuesto a la riqueza y que le sirva al poder central de medir las causas y consecuencias de tal iniciativa.

Días atrás, el
Senado entrerriano sancionó una ley de emergencia impulsada por el propio  gobernador peronista Gustavo Bordet que prevé
aumentos de impuestos y de aportes jubilatorios. Una especie de aporte
solidario obligatorio sobre las jubilaciones de más de 75.000 pesos,
suspendiendo también todo mecanismo de actualización de haberes en el Estado
provincial.

Según cita
la ley, los próximos aumentos a los empleados públicos provinciales serán dispuestos
por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. Un
paliativo en plena pandemia económica.

La
iniciativa del mandatario fue aprobada con 13 votos afirmativos y cuatro
negativos, teniendo una vigencia de un año con la facultad plena del gobernador
de poder extenderla por un año más.

Se trata,
según la elaboración del proyecto de “un esfuerzo colectivo impositivo para
superar la crisis económica”. Ahora bien, para Bordet, la culpa de la crisis
económica es compartida “por el macrismo y el coronavirus”.

Respecto a
lo estrictamente impositivo, la ley establece un aumento de los gravámenes a
las droguerías de 1,6% actual a 4%, exceptuando a micro o pequeños
contribuyentes y cooperativas. Además, dispone que quienes poseen más de 1.000
hectáreas deberán aportar un 10% del impuesto inmobiliario anual que pagan en
2020 y 2021, y ordena también una contribución especial del sector financiero y
bancario, según Bordet “el que más se benefició en los últimos años”.

Otro de los
aspectos que incluye la sanción de la normativa es el sistema previsional. En
ese sentido, establece un aumento de aportes de activos a la Caja de
Jubilaciones que comprenderá a quienes perciban más de $75.000 y que va del 16
al 22%. La ley fija también un aporte solidario extraordinario por el tiempo
que se prolongue la emergencia en las jubilaciones superiores a 75.000 pesos,
que será entre un 4 y 10%.

***

Los gremios,
en contra de la Casa Gris

Pese al
alivio económico que representa la jugada exprés de Bordet, los gremios
salieron rápido a opinar en contra de la medida. Trabajadores estatales,
bancarios, docentes, jubilados  e incluso
asociaciones profesionales y del campo realizaron marchas y asambleas en contra
de su sanción.

Para Oscar
Muntes, secretario General de la seccional entrerriana de la Asociación de
Trabajadores del Estado -ATE- el proyecto tendría que haber sufrido
modificaciones, junto con una reforma tributaria de fondo, “sabemos que la
provincia necesita recuperar recursos, pero el ajuste no puede pasar por los
trabajadores”. señaló el gremialista.

Por su
parte, Juan Carlos Navarro, secretario General de La Bancaria en Paraná detalló
que unos 100 trabajadores activos y algunos pasivos se verán afectados por la
norma.

“Es una
ley de ajuste a los trabajadores” sentenció por su lado la Asociación
Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer-, principal sindicato de maestros
de la provincia. Mediante un comunicado de prensa, apuntaron que hay sectores
que no están involucrados en la norma y que también podrían hacer un aporte
-supermercados, por ejemplo- y resaltó que no fueron llamados en la previa al
ingreso del proyecto: “Pensamos que había una instancia de diálogo social,
pero nos enteramos de esto por los medios. Ojalá no salga así como fue
enviada”.

Desde la CGT
entrerriana también se pronunciaron en contra de la medida. En un comunicado,
la central obrera manifestó que “la necesidad de que no sea la masa trabajadora
la que siga pagando las desigualdades generadas por las grandes corporaciones
económicas y financieras”.

Finalmente,
desde la Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia consideraron que
“fijar una jubilación de 75 mil pesos como alta es una barbaridad”. Fue la presidenta
del gremio Lía Zubielqui la que afirmó: “No solamente tenemos que enfrentar la
pandemia, sino que además algunos jubilados, hoy, son sostén de familia, porque
sus hijos o nietos no pueden salir a trabajar”. ♣♣♣

#PA.

JUEVES 9 DE JULIO DE 2020.

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