Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga

Ayer fue un día histórico para la democracia española: el Consejo de Ministros del gobierno español (compuesto por el PSOE y Podemos) anunció este martes la aprobación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que busca la reparación de las víctimas del franquismo. Es la primera vez que un gobierno se anima a presentar una Ley semejante desde que terminó la dictadura en 1975.

Si bien recién comienza la tramitación y falta aún que se vote en el Congreso, se prevé que teniendo la mayoría parlamentaria, este proyecto pase a ser una realidad. La Ley tiene una alta carga de reivindicación política del proceso de la Segunda República (que asumió en forma democrática y fue derrocada por un Golpe de Estado luego de una guerra civil de tres años); y sobre todo, el reconocimiento de los crímenes de Estado cometidos durante y después de la Guerra. Y quizás lo más importante: hablar de lo que por más de 80 años se obstinó en callar.

La ley consta de 66 artículos cuyo objetivo principal es “construir una memoria democrática común de todos los españoles” y sancionará su incumplimiento con multas que van de los 200 a los 150.000 euros. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró en conferencia de prensa que la democracia “no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta”.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, hizo alusión a la noticia en la red social de Twitter, con tono festivo: “La memoria, la justicia y la reparación deben ser cuestiones de Estado. Hoy damos un paso más en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Hoy cerramos un poco más las heridas; podemos mirar al pasado con mayor dignidad.”

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Puntos centrales de la Ley de Memoria Democrática

Como puntos centrales de la Ley, se establece declarar nulos los juicios sin garantías del franquismo, la activación de exhumaciones de fosas con recursos y fondos públicos destinados a ello, y la incorporación en los planes de estudio de materias sobre los años previos a la dictadura y la Guerra Civil.

El anteproyecto establece la búsqueda de personas desaparecidas “como una responsabilidad de Estado”, e incluye medidas como dar impulso al mapa de fosas, un banco de ADN, y la creación de un Censo Nacional de Víctimas que permita recabar información sobre los fusilados y exiliados durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura.

Entre otras medidas, la ley también propone: la gestión pública del Valle de los Caídos (basílica y mausoleo que mandó a construir Francisco Franco, y que hasta el año pasado albergó sus restos) que a su vez se convertirá en un lugar de memoria y reflexión sobre los crímenes del franquismo y en un cementerio civil; la prohibición de asociaciones o fundaciones que hagan apología del franquismo; la condena del golpe de Estado franquista del 1936, y la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática.

Como novedad también se incorpora un elemento que hace alusión a uno de las facetas más interesante de las Guerra Civil española, que fue la existencia de brigadas internacionalistas que acudieron en apoyo de la incipiente democracia amenazada: se calcula que más de 40.000 voluntarios extranjeros de más de 50 países participaron de la contienda junto al Ejército Republicano en contra del avance fascista.

Como lo explica el propio vicepresidente Pablo Iglesias –de Juntas Podemos- en un tweet de la mañana de este martes: “Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española. Ya era hora de decir desde el gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir”. La nacionalidad por motivos políticos: un camino pocas veces recorrido.

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Deudas de la democracia

84 años pasaron del levantamiento militar que cambió la historia de España: un 17 de julio de 1936 se consumó lo que sectores importantes del ejército español tenían intenciones de hacer desde hacía mucho tiempo atrás. El entonces general Francisco Franco fue la cara visible, junto a otras importantes figuras, de alzarse en armas contra la joven República y su propio pueblo. Luego de tres intensos años de guerra civil, Franco ganó la contienda y gobernó bajo una sangrienta dictadura de 36 años, restituyendo la monarquía y los valores conservadores, hasta su muerte en noviembre del 1975.

La salida “transitoria” hacia la democracia tuvo más reparos y continuidades, que verdaderas concesiones democráticas y cambios en el régimen. Como señala el periodista Mariano Vázquez en su artículo “Derrocando al Rey”, “el 9 de octubre de 1976, siete ex ministros de Franco inscribieron como flamante partido a la Alianza Popular, que en 1989 se transformaría en Partido Popular. En 1977, en su congreso fundacional, los 3.000 participantes dieron cuenta de su ideario político al gritar a viva voz: “¡Franco, Franco, Franco!”. La verdadera fecha de nacimiento del partido de los Aznar y Rajoy es el 18 de julio de 1936.”

Como se deja entrever en la cita mencionada, el problema principal ha sido que esa política de Estado asentada en el olvido y la “conciliación”, ha perdurado como posición de gobierno en los procesos democráticos posteriores, particularmente en la hegemonía del Partido Popular. Varios investigadores señalan que España es una de las pocas democracias (y la única europea) que no ha realizado ninguna investigación sobre el Terrorismo de Estado una vez acabada la dictadura, y es el día de hoy que aún se desconoce la cantidad de desaparecidos que yacen en fosas comunes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 

Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, fueron alrededor de 143.000 las personas en esa condición, aunque no se sabe con precisión. Entre los años 2000 y 2018, fueron abiertas 740 fosas comunes, pero se calcula que pueden existir miles.

Recién en el año 2007, el Gobierno español (a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero en ese momento, también del PSOE) se aprobó la primer versión de la Ley de Memoria Histórica, que intentaba echar algo de luz al asunto; restaurando aspectos de la memoria colectiva y social. Los pormenores de esa normativa, incluían renombrar calles o espacios público con nombres franquistas, la eliminación de símbolos falangistas de monumentos, y la creación de mapas de fosas comunes y exhumación de cadáveres. Sin embargo, los juicios a los responsables siguieron (y siguen) pendientes.

El texto actual, que deberá ser debatido ahora por la Cámara de Diputados, actualiza esa normativa y le incorpora aspectos nodales muy significativos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Aunque tarde, más que bienvenido. ♣♣♣

#PA.

miércoles 16 de septiembre de 2020

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