La bonaerense es un monstruo gigante. Difícil de conducir, de muchas cabezas. No hay datos públicos sobre la cantidad de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires pero se calcula que son más de 90000. Son, por mucho, la fuerza de seguridad más grande de la Argentina. Esta enormidad dificulta su administración. Sin embargo, no es sólo su grandeza lo que la torna inmanejable.

En los últimos días, en la provincia de Buenos Aires explotó un reclamo salarial legítimo. Los policías de la bonaerense vieron en estos últimos cinco años que sus ingresos perdieron en la carrera contra la inflación. Aunque no todos perdieron. Los jefes siguieron ganando mucho, muchísimo. Y los que hoy protestan siguieron ganando poco, muy poco. Esta no es una diferencia menor para entender por qué es inmanejable la Bonaerense. Las diferencias de las condiciones entre oficiales y suboficiales es casi una oposición de castas. 

Una de las razones de la protesta está vinculada a ese malestar para con sus jefes. “Ellos se llenan los bolsillos, nosotros esquivamos las balas y la pobreza”, diría el eco de los subordinados. ¿Qué significa esto? Los suboficiales son, por ejemplo, a quienes vemos en las esquinas. La mayoría se desempeña en puestos de seguridad y entiende que ponen el cuerpo mientras sus jefes se hacen millonarios. Millonarios y sin correr ningún riesgo. Así lo dicen en las entrevistas: “Un comisario es un recaudador”. Para “las tropas”, a los jefes-recaudadores les interesa el dinero más que sus vidas. Forjan una dicotomía: unos mueren y otros hacen negocios. Esta representación idealizada del trabajo policial marca una diferencia entre conductores y conducidos, y genera problemas en la conducción. La encrucijada de los comisarios es cómo conducir a sus subordinados, cómo construir la legitimidad de su autoridad cuando las dos cabezas miran para lados diferentes.

Pero el reclamo no es sólo salarial, el malestar tiene otras aristas. Las condiciones laborales de la mayor parte de los policías bonaerenses son malas. Aunque, otra vez, no de todos. Las diferencias no sólo tienen que ver con las castas. La Bonaerense es tan gigante que conviven agentes de perfiles muy diferentes dentro de una misma institución. Las condiciones de trabajo de los que pasan sus horas en una comisaría de José León Suarez y de los que están en un pueblo alejado de la pampa húmeda son incomparables. Lo mismo para los que trabajan en un patrullero de los que lo hacen en una comisaría. Hay muchas policías en una sola. 

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Si las condiciones laborales son malísimas desde hace muchos años, ¿por qué se manifiestan ahora? Propongo cinco cuestiones para explicar este conflicto. 

Primero, la sensibilidad política de gran parte de los uniformados bonaerenses no congenia con el color del gobierno local. A diferencia de la gestión anterior, entiende que esta es “anti-poli”. 

Segundo, los que protestan son en su mayoría suboficiales jóvenes que refuerzan sus magros sueldos con adicionales que la pandemia suspendió (o sea, hace seis meses que ganan menos plata que antes). 

Tercero, la pandemia revalorizó las tareas policiales al ubicarlos como trabajadores esenciales y eso les da más legitimidad para reclamar. Las representaciones del riesgo laboral se potenciaron con el Covid-19, se volvieron aún más reales. Ahora, son trabajadores esenciales. 

Cuarto, las medidas que tomó el gobernador Kicillof la semana pasada no cayeron bien en el mundo policial. El anuncio de otorgar recursos millonarios para el tema de la seguridad sin noticias para los bolsillos de los agentes -un gesto muy poco peronista- podría ser definido con el viejo dicho: “Comer delante de los pobres”. Esto, sumado al desembarco de las fuerzas federales, cosechó un malestar de larga data. Y la irrupción de Gendarmería y Prefectura cayó mal porque pone en peligro negocios espurios y porque, entre líneas, es una intervención por inoperancia. A nadie le gusta que vengan a decirle lo mal que hace su trabajo. 

Quinto, sin ingenuidades, los malestares existen pero se avivan al fuego de políticos de diferentes colores, incluidos los aliados del gobierno, que aprovechan cualquier ocasión para capitalizar descontentos.

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La ingobernabilidad de la bonaerense quedó en evidencia durante las protestas. Los reclamos de mejores condiciones de trabajo son difíciles de procesar para los policías de la provincia de Buenos Aires. Al no existir un sindicato policial no se sabe bien cómo encauzar actores diversos y desordenados. No tienen ni gimnasia sindical ni representantes legítimos que puedan sentarse en una mesa de negociación. Por eso es ineludible una discusión profunda sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Esto permitiría formalizar este tipo de reclamos, institucionalizarlos, darle formas democráticas, ordenarlos. Además, la construcción de representaciones limitaría las arbitrariedades de las jefaturas y las formas de corrupción enquistadas en su funcionamiento. Una representación legítima de los trabajadores y la defensa de sus intereses podría limitar las injusticias, abusos e inequidades. Es necesario construir espacios donde los subordinados pueden denunciar a sus jefes sin sentir que traicionan a la institución que defienden. 

Además, la sindicalización permitiría que los policías se entiendan como trabajadores y profundicen así, posiblemente, su profesionalización. Que los policías no se comprendan como trabajadores, como profesionales, explica muchas de sus ineficiencias. Mientras sigan creyendo que su oficio es una forma de ser, una manifestación ontológica de su yo, no se preparan de la forma correcta para ser buenos profesionales. En la bonaerense, al igual que en otras tantas fuerzas de seguridad, los policías no dicen que trabajan de policías sino que son policías, un diferencial que parece mínimo pero que impide en muchos casos un proceso de formación continua. El que “es” algo no necesita “formarse para”. 

Si el reclamo era legítimo se desvirtuó cuando los que protestaban llevaron sus armas. Más que una negociación pareció una amenaza, una apretada, que desembocó en el rodeo a la Quinta de Olivos. En este episodio quedó en evidencia que la cadena de mando está rota. Porque el desprestigio sobre los jefes policiales impide construir la autoridad necesaria para conducir a la fuerza. Repetimos. Para los subordinados los jefes no pueden legitimar su autoridad porque están alejados del trabajo “real” y preocupados por sus negociados. Pero no sólo eso. La cadena de mando política tampoco existe. El control político sobre la Bonaerense brilla por su ausencia. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fue incapaz de intervenir y encauzar los malestares policiales. Se suma así a una larga lista de funcionarios que no quisieron -no pudieron- intervenir a la bonaerense.

El monstruo es gigante, está armado y nadie lo conduce. Contagia. Feo escenario.  

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