Por Cristian Franchi


De los 24 distritos tan solo 5 aun no tienen adhesiones o protocolos propios para el acceso a la interrupción legal del embarazo. Ocho ya lo hicieron y las 11 restantes aún no decidieron.

Un nuevo pañuelazo y van. Hace pocos días se conmemoró Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe y en la oportunidad el presidente Alberto Fernández volvió a prometer el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso, aunque claro está sin fecha.

En la actualidad la grave situación va más allá de un anuncio presidencial y más si nos metemos en las provincias.

Solo por citar algunos ejemplos, en Salta el Ministerio de Salud registró que hasta julio último 122 niñas y adolescentes de hasta 15 años están llevando adelante embarazos. En el norte salteño se notificaron 71 casos.

En la provincia de Buenos Aires las primeras estadísticas muestran que se registraron 5.028 interrupciones legales entre enero y junio de este año. El 57% de las prácticas se realizaron en el primer nivel de atención. En su mayoría fueron en Centros de Atención Primaria de Salud, y el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales, mientras que el 3% restante se realizó en otras instituciones. Respecto de los hospitales se aclara que el 80% realiza la ILE y que, en lo que va del año, 87 nuevos establecimientos se sumaron a realizar las prácticas.

Otro dato que revela el informe es que el 56% de las personas que se realizaron la ILE tienen entre 19 y 28 años, que el 29% tiene entre 29 y 38 años, y que el 6% corresponde a mujeres de entre 39 y 44 años. En tanto, el 8% corresponde a menores de 19 años. Entre ellas hay 12 niñas de entre 9 y 13 años y 236 adolescentes de entre 14 y 18 años.

El trabajo también indaga en los causales de los abortos, aunque se aclara que no existen datos sobre el 26% de los casos. Es así que, sobre 3.715 casos, el 97% corresponde a “causal salud integral” y un 3% corresponden a violaciones. El 88% de las mujeres realizaron la consulta durante el primer trimestre de embarazo.

En La Pampa por caso la agrupación Socorro de Santa Rosa asistió y acompañó, en lo que va de 2020 y en el contexto de pandemia a un centenar de mujeres que decidieron la interrupción legal del embarazo.  Según detalla el informe, de 90 mujeres, el 48% (41) fueron acompañadas dentro del sistema de salud pública a través del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En tanto que en Corrientes, organizaciones feministas, de derechos humanos y profesionales reclamaron al gobierno provincial adherir e implementar el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y el cumplimiento de los derechos de niñas y adolescentes tras el incremento de casos de niñas madres luego de conocerse el embarazo de una niña de 10 años abusada por su padrastro, que será sometida esta semana a una cesárea.

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¿Qué pasa en las provincias?

En diciembre del 2019, a pocos días de haber asumido como ministro de Salud, Ginés González García publicó en el Boletín Oficial la última edición del protocolo para el acceso a la interrupción legal del embarazo. El documento favorece la aplicación de la normativa vigente, que permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida o la salud de la mujer y faculta a los gobiernos provinciales que implementen protocolos hospitalarios para eliminar las barreras para el acceso al derecho.

De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, tan solo 5 provincias no tienen aún protocolos propios ni adhirieron al nacional: Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

En cambio, 8 distritos ya adhirieron al protocolo nacional: Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Fe, La Rioja y Tierra del Fuego. A este grupo se sumó en julio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la ley aprobada por la Legislatura fue promulgada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta aunque la reglamentación de la norma trajo diversas críticas -como los límites a la edad gestacional y la habilitación de la objeción de conciencia institucional-. Otras 2 jurisdicciones tienen legislación propia que respeta los estándares establecidos por la Corte: Chubut y Río Negro.

La cartera liderada por González García considera que las 8 jurisdicciones restantes deberían “adecuar su normativa contemplando el estándar normativo del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia y el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación 2019”, emitido recientemente. Estas son: Catamarca, Chaco, Córdoba, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y Santa Cruz.

La ausencia de un protocolo no significa que en esas provincias no se puedan realizar abortos legales, ya que es un derecho previsto en la ley argentina. Sin embargo, la falta de protocolos ajustados al fallo de la Corte hace que se presenten obstáculos para el verdadero acceso a este derecho por parte de las mujeres. ♣♣♣

#PA.

JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020.

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