Por Mercedes Palomino, María José Campano Abásolo y Marc Arcas

El peruano Juan Minaya Bonilla, de 65 años, enfermó de
COVID-19 y fue ingresado en una clínica de Lima. Tras fallecer en junio, su
hija, Jacqueline, recibió una factura de cerca de 50.000 soles (unos 14.200
dólares), adicionales a los 97.000 soles (cerca de 28.000 dólares), que ya
había desembolsado.

“Me tuve que endeudar, prestar dinero”, relata
Jacqueline, quien explica que no fueron a una clínica porque quisieran
“una atención privilegiada”, sino que lo hicieron después de
“recorrer todos los hospitales del Seguro Social (EsSalud)” y no
encontrar cama, cuando a su padre ya le faltaba oxígeno.

La historia de Jacqueline y su padre ilustra una faceta más
de la pandemia y pone de relieve las duras consecuencias que muchos sufren en
países con sistemas sanitarios más liberalizados, donde al sufrimiento por el
coronavirus se suman las penurias financieras.

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La infrafinanciación del sistema peruano

Perú, el sexto país del mundo con mayor número de contagios
confirmados de COVID-19, afrontó el inicio de la pandemia con un agónico
sistema de salud público que aseguraba apenas 100 camas de UCI con ventiladores
mecánicos, para sus cerca de 33 millones de habitantes.

El Gobierno estableció el 16 de marzo el confinamiento
nacional, en medio de la carrera contra el virus para dotarse de más
ventiladores.

Pese a la estricta cuarentena, las cifras de contagios
siguieron en aumento: Las escenas de dolor por falta de atención en las
Emergencias ocupaban la parrilla de los telediarios. Además de ventiladores,
empezaban a faltar camas hospitalarias, sillas en las salas de Emergencia y
oxígeno.

Fue en esas condiciones que Jacqueline no encontró cama para
su padre, quien finalmente fue ingresado durante 22 días en la clínica limeña
Jesús del Norte, hasta que el 30 de junio murió, tras lo que se reveló que solo
los gastos de farmacia estaban sobrevalorados en 38.442 soles (cerca de 11.000
dólares), y que su caso no era el único.

Además de la sobreestimación de precios, las clínicas
privadas también han sido denunciadas por falta de atención o negligencia, como
denuncia Atenas Yactayo sobre lo que ocurrió con su padre, Walter Yactayo, un
taxista de 65 años que murió tras 14 días internado.

Según Yactayo, su padre ingresó el viernes 13 de junio a la
clínica Jesús del Norte con una saturación que bordeaba 95 % de oxígeno, y que
se mantuvo así la primera semana, hasta que empezó a sentirse mal por la
desatención.

“Le autorizaron a tener su silla de ruedas, pero nadie
se la pasaba. No tenía atención, su cama estaba mojada. Nos decía tengo frío;
hasta se cayó de la cama”, señala la joven universitaria, cuya familia
abonó 63.000 soles (unos 17.577 dólares) para la atención de su padre, y tras
la muerte, la clínica le notificó que debía 9.000 soles más (unos 2.511
dólares).

Cuando la clínica se enteró de que Yactayo había presentado
una denuncia por negligencia a la Superintendencia de Salud, ente supervisor,
esta le ofreció “cerrar el caso” por un abono de 20.000 soles (unos
5.580 dólares). Yactayo no ha aceptado la propuesta porque quiere que se
investigue la situación de estrés que vivió su padre, que podría haber agravado
su estado de salud.

A la luz de estas denuncias, el 24 de junio pasado, el
Gobierno de Perú puso un ultimátum a las clínicas privadas para que acordaran
una tarifa social que sería pagada por el Estado. La cifra se fijó en 50.000
soles (unos 14.000 dólares) para aquellos pacientes de COVID-19 que fueran
referidos por falta de camas en hospitales a las clínicas privadas.

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Facturas de hasta 22.600 dólares en Chile

Más de 3.000 kilómetros al sur, en Santiago de Chile, Fabián
Rodríguez, de 40 años, pasó más de tres semanas internado en la UCI de un
hospital y ahora, ya recuperado, calcula que le puede llegar una factura de 80
millones de pesos chilenos (unos 101.730 dólares).

Rodríguez detalla que está adscrito al Fondo Nacional de
Salud (Fonasa), que es el sistema sanitario público de Chile, pero cuando fue a
tratarse no fue considerado como prioritario para ser atendido de inmediato y,
al encontrarse mal, decidió acudir a una clínica del sistema privado,
conformado por 12 Instituciones de Salud Previsional (Isapres).

En Chile, las facturas por estar hospitalizado en un centro
público a causa de la COVID-19 pueden variar entre los 1,2 y los 18 millones de
pesos (entre 1.500 dólares y 22.600 dólares, aproximadamente), según el
tratamiento que requiera el paciente.

Las personas adscritas a Fonasa pueden estar exentas de
pagar estas facturas, dependiendo de la edad y la renta (unos 10 millones de
personas en el país, de acuerdo a fuentes de esa institución), mientras que el
resto de afiliados a la salud pública tienen un copago que puede ser del 10 % o
del 20 % de esas cantidades, aunque hay opciones de condonación acreditando una
determinada situación socioeconómica.

Para otro tipo de afecciones, si una persona adscrita a
Fonasa acude a un centro privado, el valor de la atención dependerá del
convenio que ese centro tenga con la sanidad pública. En ese caso, los
problemas de salud que supongan un alto coste tienen una cobertura de entre el
7 % y el 15 % por parte de Fonasa, mientras que el paciente abona el resto.

Sin embargo, esto cambió en mayo para los casos de COVID-19,
y si un afiliado a Fonasa no puede ser atendido en su hospital público de
referencia y va a un centro privado, el coste será el mismo que si hubiera sido
tratado en la red pública.

Finalmente, los valores de la hospitalización por COVID-19
en centros privados para los afiliados a las Isapres varían según el plan que
cada persona tenga contratado, dándose casos de facturas de más de 90 millones
de pesos (unos 113.300 dólares), otras de 60 millones de pesos (unos 75.500
dólares) y también de 30 millones de pesos (unos 37.700 dólares) y hacia abajo.

“Yo fui al hospital público, pero no me quisieron
recibir”, dice Rodríguez, quien, no obstante, considera que fue “una
buena decisión” acudir entonces a una clínica privada, pese a la elevada
factura que le puede llegar, ya que se encontraba muy enfermo.

“Estuve mal. De hecho, le avisaron a mi señora que se
preparara para lo peor porque yo ya no reaccionaba”, recuerda Rodríguez,
cuyo cuerpo no respondía a los tratamientos de ventilación mecánica, intubación
y traqueotomía y estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones, mientras se
encontraba en coma por una neumonía por coronavirus.

La salud de Rodríguez comenzó a mejorar solo después de que
se le aplicaran 2 dosis de Tocilizumab, un medicamento cuya dosis cuesta unos
1.800.000 de pesos chilenos (casi 2.300 dólares).

En el momento de ser internado en la clínica privada,
Rodríguez no fue amparado bajo la Ley de Urgencia, que presupone que una
persona en riesgo grave acude al centro que tiene más cerca, sea privado o
público, donde tienen el deber de atenderle.

Al contrario, la clínica lo clasificó como un ingreso normal
porque Rodríguez “llegó caminando”, lamenta.

Sin embargo, en el informe final de su hospitalización sí
aparece registrado como acogido por la Ley de Urgencia, por lo que Rodríguez
tiene la esperanza de que la factura final no sea tan elevada ya que en ese
caso Fonasa asumiría gran parte del costo.

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EE.UU. se pasa a la sanidad pública

En el otro extremo del continente, Estados Unidos, que a
menudo es puesto como ejemplo de las limitaciones y malos resultados de un
sistema sanitario en que el sector privado ocupa un lugar prevalente, ha hecho
una excepción con la COVID-19 y se ha convertido momentáneamente en un sistema
público de facto.

Eso se ha logrado a través de dos grandes medidas: por una
parte, un paquete de 100.000 millones de dólares aprobado por el Congreso y
firmado por el presidente Donald Trump en abril que compensa a los hospitales
por cualquier gasto relacionado con pruebas y tratamientos de COVID-19 en el
que incurran.

La medida, por tanto, permite a las personas sin seguro
médico que se infecten o teman haberse contagiado de coronavirus acceder a
hospitales y servicios médicos privados sin tener que desembolsar un solo
dólar, puesto que el Gobierno corre a cargo de la factura.

Por otro lado, para aquellos que sí tienen seguro médico
pero que normalmente incurren también en gastos por copagos y otros costes
fijados en los términos de cada póliza, las principales aseguradoras del país
decidieron, al inicio de la crisis, eximir todos estos pagos adicionales por
tratamientos relacionados con la COVID-19.

“Las facturas empezaron a llegar, una tras otra tras
otra, con grandes cantidades como 14.000 dólares por aquí y 5.000 dólares por
allá. Una de ellas por más de 100.000 dólares. Pero la responsabilidad
financiera del paciente siempre era 0. Fue una gran sorpresa para mí”,
explica David Lat, quien en marzo contrajo la enfermedad y pasó 17 días
ingresado en el hospital.

La aseguradora de Lat, residente en Nueva York, asumió todos
los costes de un tratamiento, que ascendió a 320.000 dólares, incluidos los
aproximadamente 7.250 dólares que en condiciones normales le hubiera tocado
pagar de su bolsillo por las condiciones de la póliza.

“No tuve que hacer nada, lo que es increíble puesto que
normalmente en los procesos que afectan a las empresas aseguradoras, hay mucha
burocracia, pero esto fue automático”, afirma Lat, que, eso sí, tuvo que
asegurarse de que todas las facturas constaban explícitamente como tratamiento
por la COVID-19, ya que en caso contrario, las políticas no lo incluyen.

Para EE.UU., que se encuentra en pleno debate sobre el modelo sanitario con destacados políticos como el senador y exaspirante presidencial Bernie Sanders que apuestan por un sistema completamente público, la experiencia con la COVID-19 está resultando una muestra de cómo podría evolucionar el sistema en los próximos años. ♣♣♣

#PA. EFE, Lima, Santiago de Chile, San Francisco.

Lunes 24 de agosto de 2020.

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