El gobierno de Kicillof alerta por el cierre de 5.335 empresas en la provincia durante la era Milei

El gobierno de Kicillof alerta por el cierre de 5.335 empresas en la provincia durante la era Milei

 

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, alertó por el cierre de unas 5.335 empresas en el territorio bonaerense durante el gobierno de Javier Milei. Son, en promedio, 232 PyMes por mes que bajan la persiana para siempre.

López publicó una serie de datos en las redes sociales en los que se destaca que, entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 -último registro disponible-, un total de 5.335 empresas dejaron de operar en la provincia. Al tiempo que se registran siete meses consecutivos de cierres.

«Aunque el impacto fue generalizado -con la excepción de Neuquén-, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país», explicó el funcionario, quien recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en el territorio bonaerense.

El gobierno de Kicillof denuncia que los datos de capacidad instalada son peores que en la pandemia

Tal como afirma el ministro, la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).

«No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial», sostuvo López.

No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial.

Los reportes sobre los cierres de empresas se suceden a diario. En las últimas horas trascendió el cierre de GEPSA, agroindustrial especializada en la producción de alimento balanceado, cuyos trabajadores permanecen en estado de alerta. La empresa instalada en Pilar anunció el cierre de su planta y 80 trabajadores esperan los telegramas de despidos.

En ese distrito del norte del conurbano también cerró a finales de 2025 la empresa de porcelanatos ILVA. Durante varios días los 300 trabajadores despedidos protestaron con quema de gomas en la puerta de la fábrica.

Verónica Magario, Alexis Guerrera y Pablo López.

En tanto, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. La misma suerte corrió la empresa mayorista Lustramax, dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering y que tiene su planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, cesanteó a 29 operarios.

Aunque el impacto fue generalizado, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país.

Pero la crisis no alcanza solo a las PyMES. La multinacional Lamb Weston bajó las persianas de la planta ubicada en Munro, en Vicente López, y despidió a unas 100 personas.

Una multinacional anunció el cierre de una de sus principales fábricas como parte de una reorganización mundial de su red industrial. La compañía fabricante de papas fritas concentrará su producción en Mar del Plata.

La actividad industrial se desplomó en noviembre con una caída que se acerca a los dos dígitos

Semanas atrás, el gobierno de Kicillof puso el ojo en el uso de la capacidad instalada, que cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8.

La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.

Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.

 

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    La “Oficina de Respuesta Oficial”: la verdad según el Estado mileísta

     

    El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un nuevo organismo para disciplinar el relato público

    A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.

    El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.

    La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.

    Quién está a cargo y cómo funciona

    La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

    No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.

    Clarín, el primer blanco del nuevo “desmentidor oficial”

    El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.

    Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.

    El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.

    El Estado como Ministerio de la Verdad

    Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.

    Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.

    Más propaganda que información

    Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.

    En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.

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