Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga

Este jueves, la violencia de las fuerzas armadas colombianas se cobró otra vida en ese país: la joven Juliana Giraldo fue asesinada de un tiro en la cabeza mientras viajaba en auto junto a su pareja, en una ruta del departamento del Cauca; la región más castigada de Colombia en relación a la violencia armada y el asesinato de líderes sociales y activistas.

“Por favor, ayúdenme a hacer viral este video, el Ejército me acaba de matar a mi mujer, ayúdenme a difundirlo”, dice el marido desesperado frente a la cámara de su celular. “Me mataron a Juliana, ese ‘man’ le pegó un tiro en la cabeza” dice destruido el hombre mientras se pregunta –como si cualquiera de esas razones justificase el violento hecho- “no llevamos armas, no llevamos drogas, no llevamos nada”.

Según los testigos, el auto fue identificado por soldados el ejército que salieron rápidamente del monte que rodea la carretera, y tras pedirles que se detengan, les dispararon varias veces. Por su parte, la institución se pronunció en un comunicado y prefirió asumir la culpa por uno de sus miembros, que reconocer la matriz violenta con la que actúan las fuerzas cotidianamente: “De manera inmediata la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes” describe el comunicado oficial; al tiempo que señala que “el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento” fue puesto a disposición de la justicia “con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación”.

El gobierno asumió una postura similar ante tan inexplicable suceso: “Por instrucciones del presidente (Iván) Duque, el comandante del Ejército tomará y evaluará las medidas necesarias para corregir cualquier error que pudiera haberse presentado en las posibilidades de mando y control”, expresó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

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Jornada de protestas y muertes 

Colombia no descansa de ver pasar sus muertos: entre el 9 y 10 de septiembre se originaron protestas masivas en las ciudades de todo el país (aunque principalmente en su capital, Bogotá) que dejaron como saldo 13 personas asesinadas a manos de la Policía Nacional, que depende (al igual que el Ejercito) del Ministerio de Defensa. La alcaldesa, opositora al gobierno nacional, Claudia López, aseguró que nadie había dado órdenes de usar armas de fuego y le pidió una “reforma integral de la policía” al presidente Duque.

Uno de los puntos de la protesta refería –justamente- a la muerte por parte de esta institución del abogado Javier Ordoñez,  de 46 años, tras un largo rato de ser sometido a golpizas y torturas con una pistola taser, la noche del 8 de septiembre. Pero ese había sido también el detonante de un mes bañado en sangre: si bien desde que comenzó el año se contabilizaron 61 matanzas alrededor de todo el país (la última fue a tres hombre este pasado miércoles en el departamento de Huila), en la última quincena de agosto se llevaron a cabo 4 masacres, con un total de 33 personas asesinadas; gran parte de ellas jóvenes y hasta menores de edad.

La realidad es que detrás de las muertes hay muchas causas y más de una versión; pero muchos analistas coinciden en que mayormente refieren a formas de control del territorio para distintos negocios (narcotráfico, minería ilegal, entre otros). Un dato pertinente, es que el aumento exponencial de estos asesinatos se da luego del desarme de las FARC, con la posterior inacción del gobierno y el incumplimiento de los tratados de Paz.

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El ministro Holmes Trujillo había salido el pasado 11 de septiembre a realizar su deporte preferido: pedir disculpas; aunque pareciera no tener efecto alguno. En aquella oportunidad, señaló que ‘la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución’.

Sin embargo, este jueves, la Corte Suprema Colombiana fue categórica en lo que respecta al accionar policial: la consideró “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” en relación a las represiones contra manifestantes.

Sin embargo, esta sentencia de 170 páginas respondía a otro suceso anterior: el asesinato del estudiante Dilan Cruz en el marco de las movilizaciones de finales de noviembre de 2019, bajo la acción del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Dentro del fallo judicial, se le exige un nuevo pedido de disculpa al Ministro de Defensa (y van…) al tiempo que insta al Ejecutivo a “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”.

El fallo fue mal recibido por el gobierno de Iván Duque, que sortea críticas constantes por el accionar de sus fuerzas de seguridad y pedirá –incluso- una revisión de la sentencia, tras asegurar que el Esmad actúa “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”. Los manifestantes, al parecer, no opinan lo mismo.

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Pareciera que nunca hay punto final para los crímenes en Colombia, y que toda acción de demanda tendrá iguales resultados: más muertes. Hay un canto conocido en Argentina que reza “¡Atención, atención, no es un policía, es toda la institución”. Quizás más que disculpas, haya que revisar las bases mismas de las instituciones mal llamadas de seguridad y dejar de cortar el hilo en el tramo más delgado. ♣♣♣  

#PA.

viernes 25 de septiembre de 2020

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