En el Día de Acción Global por el Acceso Global por el Acceso al Aborto Legal, una acción en Casa Rosada volvió a pedir por la interrupción voluntaria del embarazo y dejó un ramo de perejil como símbolo de cómo se aborta hoy en Argentina. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional analiza por qué no se trata el proyecto este 2020 – en el que ya murieron al menos 3 mujeres por falta de acceso a la salud- y asegura: «Lo que se ve es que cuando hay que tomar una decisión política de qué se pondera en la mesa política, en términos de qué se va a sacar y qué se va a debatir, el derecho de mujeres y personas con capacidad de gestar siempre está postergado. Y eso es inaceptable». Un informe Humans Right Watch llamado «Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina” profundiza sobre los impactos de la clandestinidad y los falsos argumentos que la sostienen. Y un reciente libro de Socorristas en Red llamado “Estamos Cerca. Relatos de abortos en cuarentena” los pone en primera persona y carne viva. Por eso, hoy en Plaza de Mayo resonó el grito de siempre: «Aborto Legal Ya! La deuda es con nosotras».

Foto: Ramiro Domínguez Rubio

En la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que “dentro de los próximos diez días” presentaría un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Pasaron ciento ochenta días. El proyecto todavía no se envió.

Por eso, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, en Plaza de Mayo el grito suena fuerte y claro, una, dos, tres, todas que sean necesarias: “Aborto Legal YA”.

En hilera un grupo de mujeres, vestidas de negro, con el pañuelo verde en el cuello, ingresan a la Plaza camino a Casa Rosada. Ahí queda el ramo de perejil , con un cartel al lado que dice: “La deuda es con nosotras”.

El grupo deja la plaza con los pañuelos en alto.

Hasta que sea ley.

Foto: Ramiro Domínguez Rubio

El compromiso en deuda

Durante el fin de semana el Congreso también se llenó de perejil cuando Amnistía Argentina colocó 400 ramos frente al Parlamento. En junio la organización tuvo una primera reunión sobre el tema con las diputadas Cecilia Moreau y Paula Penacca, presidenta y vocal de la Comisión de Legislación General, y Mónica Macha y Gabriela Estevez, presidenta y vicepresidenta segunda de la Comisión Mujeres y Diversidad, dos de las comisiones a las que se presume tendrá giro el proyecto, tanto el que se espera que envíe el Poder Ejecutivo como el ya fue presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y tiene estado parlamentario. “Lo que percibimos es que era un tema que no estaba en agenda, para nada”, cuenta a lavaca Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. «La sensación que tenemos es que claramente el Congreso está esperando que llegue el proyecto del Ejecutivo, y no hay intenciones de debatir hasta que llegue ese proyecto. Si bien entendemos las razones que argumenta el gobierno, nos parece que no es un argumento suficiente. Incluso en este contexto de pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, la política tiene que seguir funcionando; de hecho no hubo ningún problema en enviar un proyecto muy complejo en torno a la reforma judicial. Lo que se ve es que cuando hay que tomar una decisión política de qué se pondera en la mesa política, en términos de qué se va a sacar y qué se va a debatir, el derecho de mujeres y personas con capacidad de gestar siempre está postergado. Y eso es inaceptable. Nosotras no vemos el impedimento. Es voluntad política, poner el tema en agenda y cumplir con un compromiso que el presidente asumió”.

Foto: Ramiro Domínguez Rubio

El modelo inviable

La organización de derechos humanos Human Rights Watch presentó un informe en el que analiza lo sucedido desde que el Senado rechazó la interrupción voluntaria del embarazo y le pide al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, enviar un proyecto de ley al Congreso que despenalice el aborto en todos los casos y sea regulado de forma tal que respete la autonomía de las personas gestantes. Para elaborar el informe se realizaron treinta entrevistas en las provincias de Salta, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, a activistas, abogados y abogadas, mujeres y una niña que contaban con experiencias personales solicitando un aborto en el sistema de salud pública y privado; y médicas y médicos o profesionales de la salud de hospitales públicos y centros de salud. Lo que concluyeron desde la organización es que el Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica: la falta de reglas claras y uniformes a lo largo y ancho del país generó un conjunto de prácticas dispares que causan un daño desproporcionado a quienes tienen recursos limitados o con menor acceso a información sobre sus derechos.

“Al final de cuentas, lo que vemos es que la prohibición del aborto no impide que los abortos ocurran, los abortos ocurren igual pero ocurren de manera clandestina e insegura sobre todo para aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de pagar un aborto o viven en zonas remotas, o rurales, donde no pueden acceder”, dice a lavaca Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch.

La criminalización del aborto, detalla el informe, genera múltiples barreras. Algunas de ellas son: la falta de información pública sobre el alcance de las causales vigentes, particularmente sobre cuándo el embarazo pone en riesgo la salud; las restricciones ilegales impuestas por los centros de salud; los límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales y centros de salud; y la necesidad de presentar una denuncia policial o de conseguir una orden judicial que permita realizar un aborto en casos de violación.

“En la práctica para muchas mujeres y niñas hoy es imposible acceder al aborto al que tienen derecho precisamente por estas barreras”, sintetiza Tamara. Negar el acceso al aborto viola una multiplicidad de derechos, incluidos los derechos a la vida; a la salud; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la integridad física; a la no discriminación y la igualdad; a la privacidad; a la información; y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos de los hijos.

“La legalización es una obligación que surge del derecho internacional, y Argentina tiene la obligación de avanzar en la legalización para cumplir con las obligaciones de derecho internacional que asumió”, cierra.

La información que falta

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio al menos tres mujeres murieron a como consecuencias de abortos clandestinos. Ivana, Rosario, y B. tenían 22, 40 y 41 años.  

El Estado no hace un seguimiento sistemático del número de abortos –legales o no— que se practican cada año, y las estadísticas disponibles solo ofrecen una perspectiva parcial. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que, entre 2011 y 2016, los hospitales públicos admitieron en internación a 273.418 mujeres y niñas por abortos. Se  ha estimado que se realizan entre 371.965 y 522.000 abortos por año en Argentina. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se habían producido 35 muertes como consecuencia de abortos, dos eran menores de 19 años.

“Se necesita un registro más acabado y actualizado, para poder determinar cuántos abortos ocurren en el país. Las cifras son estimados que vienen de hace un tiempo, son cifras viejas. El problema es el subregistro, justamente por eso hay que legalizar el aborto, para que no sea una práctica clandestina que se esconde”, sostiene Taraciuk Broner, de Human Rights Watch.

La falta de información también aparece como una preocupación para Amnistía Internacional Argentina, “Se tiene que generar información actual, verdadera y correcta, no podemos seguir hablando de datos del año 2000”, sostiene Mariela Belski.

Foto: Ramiro Domínguez Rubio

Qué pasa en pandemia

Aun cuando los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva fueron considerados desde principio de la pandemia como servicios esenciales tal como recomendó la Organización Mundial de la Salud, esto en sí mismo no garantiza el acceso.

Un informe difundido por la agencia de noticias Telam detalló que de las 2.053 consultas que recibió la línea oficial de salud sexual y reproductiva durante el período mayo-junio, 1.877 fueron por interrupción legal del embarazo.

Amnistía Internacional Argentino anticipó a lavaca que según entrevistas y relevamientos que formarán parte de su próximo informe, “cuando hablamos con los prestadores de salud que están históricamente atendiendo este tema, registran mucho menos acercamiento tanto como para pedir anticonceptivos como para situaciones de abortos. Entonces justamente tenes un montón de consultas pero menor acercamiento de las mujeres, el problema se exacerba en pandemia”.

El trabajo de campo para el informe “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina” elaborado por Human Rights Watch es previo a la irrupción del coronavirus aunque desde la organización entienden que el aislamiento genera más barreras en el acceso. “Se generan mayores dificultades en primer lugar porque tener que estar encerrados en las casas genera un ámbito para la violencia doméstica y porque hace más difícil la detección temprana del embarazo y acceder a los servicios de aborto sobre todo menores de edad y adolescentes. Son factores que dificultan más el acceso. Además las limitaciones en el transporte sobre todo en las zonas rurales donde no hay distintas instalaciones donde se pueda acceder al aborto, dificultan aún más. Si tenes restricciones de transporte hace más difícil tener que ir de un lugar a otro”.

Donde el Estado no está si llega la organización de los movimientos de mujeres. “El aborto existe e insiste, aun en cuarentena”, dice el prólogo del libro “Estamos Cerca. Relatos de abortos en cuarentena” de Socorristas en Red. El libro relata experiencias de mujeres que abortaron durante los primeros cien días del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina; se puede leer aquí online. Los relatos en primera persona son de diferentes puntos del país, de diferentes edades, y están articulados en cinco capítulos. El último de ellos se llama “que sea ley”.

Foto: Ramiro Domínguez Rubio

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