Denuncian que las concesiones viales de Milei son inconstitucionales y triplican las tarifas de peajes
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunció que el régimen de concesiones viales con cobro de peaje que impulsa el gobierno de Javier Milei es «inconstitucional» y prevén presentaciones judiciales para frenar futuras licitaciones.
«Es volver a un régimen nefasto que fracasó en los 90», dijo a LPO el titular del Conaduv, Ricardo Lasca, que habló de un sistema de «falso peaje» porque no hay tránsito para implementarlo ni se vuelca lo que se recauda al camino.
«Vulnera la Constitución, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Esta omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional», denunciaron en Conaduv.
En concreto, denuncian que los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), pero sin exigir una ampliación de las rutas a concesionar.
Eso, mientras se prevé triplicar las tarifas y sumar 54 estaciones de peaje a las que ya existen, lo que representaría una frecuencia promedio de una estación cada 97 kilómetros.
«El camión se multiplica por eje, va a pagar de 25 mil a 30 mil pesos en cada estación. De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes», ejemplificó Lasca.
Otra irregularidad detectada es que el sistema de concesiones a 30 años que promueve el libertario no estipula un ente regulador, que debería tener dado que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.
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Esa es otra de las razones por las que en la entidad analizan presentar una cautelar para detener el avance de licitaciones al menos hasta que se conforme por ley un ente regulador que integre a los usuarios.
Sin embargo, señaló que los planteos deberían ser canalizados a través del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo sin cubrir hace 16 años y que recién por estos días se está discutiendo en el Congreso.
Por eso, al momento hicieron una presentación vía el defensor del Pueblo del Chaco pero el trámite judicial se paralizó porque un defensor del Pueblo provincial no tiene legitimidad federal. También se presentó un amparo en Gualeguaychú para que se suspenda el cobro de peajes en todas las rutas nacionales pero no prosperó.
En Conaduv señalaron que el Gobierno recauda por año alrededor de 3.000 millones de dólares en concepto de Impuesto al Combustible que debería volcar a la red vial y que, desde la llegada de Milei, no destinó un peso. «Son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación», acusaron.
LPO contó que, en contradicción con el relato libertario, la primera concesión tendrá un fuerte financiamiento del Estado a partir de créditos a tasas subsidiadas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende de Economía.
Se trata de las rutas 12 y 14, que tuvieron como gran ganador de la licitación a José Cartellone, empresario que está siendo juzgado en Cuadernos por 10 pagos de sobornos y que, si resulta condenado, el Estado debería revocarle la concesión.
«Se están premiando a empresas de la patria contratista», dijo Lasca para marcar otra contradicción del relato libertario, que hablaba de «Cámara Argentina de la Corrupción» al referirse a las constructoras contratistas del Estado.
Al advertir que «las obras de envergadura para evitar los choques frontales no se van a ver» con el sistema impulsado por Milei, Lasca sostuvo que el sistema de peaje es inviable económicamente debido al bajo caudal de tránsito.
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«En más de 35 años no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo, lo poco que se hizo fue con fondos del Estado nacional o de las provincias», agregó el titular de Conaduv, que se había reunido por este tema con el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. «Da bronca cómo nos mintieron», expuso.
En Conaduv pretenden que Vialidad Nacional -organismo que Milei intentó disolver-«reasuma la administración, mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gestión pública transparente, con control ciudadano y destino específico de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles para obras».
