Por Florencia Guerrero


Un debate entre el Gobierno y la Corte desnuda la desidia corporativa de uno de los tres poderes. Dos casos emblemáticos reactivados, Lucia Pérez y violación en manada en Chubut, si nos defienden ellos ¿quién nos defiende?

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres“, describió Simone de Beauvoir sobre la cultura machista, que impera y —a pesar de todo lo que se ha avanzado—, oprime la vida de miles de mujeres. Está en la fibra misma de las organizaciones, en la matriz de muchas políticas que nos cruzan y en la vara con la que somos juzgadas.

Por eso, la existencia de un ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad representó en diciembre pasado, el gesto simbólico tal vez más fuerte que el movimiento haya recibido en décadas, después de la promulgación de la Ley 13010 —el 23 de septiembre de 1947—, gracias a la cual no solo se nos habilitó para votar, sino además determinó “las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos” que los hombres, con años de ventaja.

Pero cada logro, cuesta décadas, sangre, sudor y peleas. Por eso el debate que esta semana tuvo como eje a la Justicia, que ligeramente incumple la legislación que la somete a capacitarse en cuestiones de género, volvió a depositar en el foco a los y las poderosos que siguen pensando como en el siglo pasado.

“Si la Justicia no entiende la dimensión de esto y no quiere asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema, la Ley Micaela nos reconstruye como los hombres que somos para entender los efectos nocivos de la violencia de género. El Poder Ejecutivo y el Legislativo ya ha avanzado en implementarla y respetarla y generar conciencia sobre la igualdad los derechos de la mujer, pero la Justicia no”, dijo el jueves el presidente Alberto Fernández durante un acto del Programa Acompañar. Si bien, sus cortocircuitos con el tercer poder no son una novedad, por la reforma que promueve el gobierno, en sus palabras había mucha verdad: Los jueces argentinos, a partir de la sanción de normativas, están obligados a capacitarse y el índice de los que lo han hecho es muy bajo.

El viernes, también, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, salió al cruce y aseguró que “son los propios jueces de la Corte Suprema los que incumplen con la normativa que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, incluidas las máximas autoridades”.

En ese sentido, la ministra explicó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un comunicado hizo saber que el Poder Judicial de la Nación venía llevando adelante capacitaciones de género hace tiempo, sin embargo, la referencia que hizo el presidente Alberto Fernández está vinculada al incumplimiento de la propia Corte a capacitarse en el marco de la Ley Micaela, como el resto de las autoridades de los otros dos poderes del Estado, a pesar de los requerimientos en ese sentido que ha hecho el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”.

Gómez Alcorta recordó que después de haber intentado coordinar por distintas vías y en reiteradas oportunidades la capacitación en género a las máximas autoridades del Poder Judicial, el 23 de junio envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, a fin de hacerle saber que era necesario fijar una fecha para cumplir con lo que establece la Ley Micaela, ya que es competencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implementarla. “En esa oportunidad le hice saber que el Poder Ejecutivo ya había capacitado a sus máximas autoridades el 10 de enero; que el 4 de marzo lo hizo el Senado de la Nación y el 6 de mayo la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y que el único de los tres poderes que aún tiene pendiente realizar la capacitación de las altas autoridades es el Poder Judicial. A la fecha no tuvimos respuesta y vamos a reiterar la nota a la brevedad”, explicó la funcionaria.

Por último, señaló: “Es fundamental avanzar en la implementación de la legislación vigente para promover una verdadera transversalización de la perspectiva de género en todos los poderes del Estado. Empezar por las máximas autoridades implica, además de cumplir la ley, dar el ejemplo al resto de las y los funcionarios públicos”.

Para muestra basta una causa

Si hay una causa que expuso a abusadores, poderosos, que siguen intentando ser encubiertos por la Justicia, el de La Manada de Chubut, es el ejemplo perfecto. El hecho ocurrió en 2012, en la casa de uno de los acaudalados hijos del poder de la provincia, y terminó estallando en junio pasado cuando el fiscal de Rawson Fernando Rivarola, calificó como “desahogo sexual” la violación de una joven. El hombre de golpe pasó a todos los titulares y ahora se victimiza él, diciendo que terminó en el psicólogo. Que cara.

Pero con el correr de los meses, el manto de silencio volvió a apoderarse de la causa, incluso, la semana pasada hubo una audiencia donde los letrados se constituirían como querellante y defensores, y todo pasó como si nada. De hecho, no solo el juez César Zaratiegui no resolvió ninguno de los planteos, menos aún el pedido de constitución en querellante de la abogada Verónica Heredia. Nada de nada, como si la audiencia que transcurrió entre las 17 y las 23 del martes, no importara.

Al parecer el encuentro, en el que la mayoría era masculina, versó entre las condolencias a Rivarola, por los “ataques” sufridos tras su aberrante aseveración, bajándole el precio a un abuso. “Se solidarizaron con él, y prácticamente no dijeron nada de la causa”, expresó una fuente del caso con la que habló #PuenteAereo. Un dato interesante: el juez no participó de la audiencia virtual, prendió y apagó la cámara. De hecho, hubo gritos de los abogados para que se hiciera presente pero nunca ocurrió.

En ese contexto, los tres implicados Luciano Mallemaci, y Gabriel Palmeiro y Martín Villar que quedan en danza, intentan no llegar a juicio, porque entonces serían condenados y una pena por abuso, es extensa. Por eso sus defensores Francisco Oneto y Roberto Rallín, volvieron al ruedo mediático esta semana, para denunciar que la causa “fue armada”, por el fiscal que los quería salvar.

Así las cosas, la chica abusada tuvo que mudarse a Buenos Aires, por las amenazas que sufrió y la falta de garantías que la justicia patriarcal le dio. Porque donde manda el capital poderoso, nadie mira a las víctimas.

Esa es la queja, por eso vale doble en este tiempo, que Gómez Alcorta exponga algo que se ve a lo lejos. Como el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016, que tras el escándalo mediático fue anulado, en agosto de este año.

¿Cuánto más hace falta? Una Justicia en la que los jueces fallan en contra de las mujeres, en la que se revictimiza a las víctimas, no solo es sincrónica, sino que además genera un agite mediático que a nadie conviene. Resta saber si los jueces y la jueza de la Corte lo comprenden. Ojalá que sí, y que sea pronto.  ♣♣♣

#PA.

Domingo 27 de septiembre de 2020.

Deja un comentario