El Gobierno paraguayo afronta una ola de cuestionamientos locales e internacionales tras confirmarse que las menores muertas en un operativo contra la guerrilla tenían 11 años, a lo que se suma la investigación demandada por Argentina, que asegura que las menores eran de ese país.

Los hechos ocurrieron el miércoles en el
norteño departamento de Concepción durante un supuesto choque entre la Fuerza
de Tarea Conjunta y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El Gobierno mantiene que las menores participaron en los combates y que fueron reclutadas por el EPP, apuntando a que serían hijas de algunos de sus líderes pero sin descartar que crecieron en Argentina.

***

Reclamo
local e internacional

Las consecuencias de ese operativo
originaron el repudio de los principales partidos de la oposición, a lo que se
añadió este domingo el comunicado de Naciones Unidas, a través de la oficina
regional de Derechos Humanos, con sede en Santiago de Chile, que apeló a una
investigación “sin demora y de forma imparcial”.

“Se trata de un hecho gravísimo que
terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte
de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y
adolescentes en el país”, dijo el representante en América del Sur de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Jarab afirmó que su oficina ha recibido “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos.”

Asimismo, este sábado y a través de su
cuenta en Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió
a Paraguay “investigar las circunstancias de la muerte de las adolescentes
y redoblar esfuerzos en la adopción de medidas para prevenir el reclutamiento
forzoso” de niños por parte de los “grupos armados en el país”.

Enojado, el gobierno paraguayo anunció este
domingo que “retira su confianza” a Jan Jarab, mientras tachó de
“irresponsables” algunas de las expresiones de su comunicado, donde
se subrayaba que la investigación debe indagar en las responsabilidades
directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado
en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.

Al respecto, la Cancillería calificó de “irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado”.

Por último, agrega la Cancillería en su respuesta del fin de semana: “En el Paraguay rige el Estado de Derecho, en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes”.

***

El
gobierno se pierde en su relato

Además de las denuncias sobre el operativo, el punto de mira está sobre la Fiscalía y la celeridad de los procedimientos que siguieron a las muertes.

Las niñas fueron enterradas el mismo
miércoles y sin ser identificadas, atendiendo al protocolo por la emergencia
sanitaria de la COVID-19, según defendió la Fiscalía tras un examen forense de
urgencia y con base en las características externas de los cuerpos. Ese examen
indicó que las niñas tenían entre 15 y 17 años, lo que se mantuvo hasta la
noche de este sábado, cuando se confirmó que tenían 11.

La argumentación del COVID se esgrimió
también para justificar la quema de las prendas que supuestamente vestían las
menores, que para los analistas significa toda una destrucción de pruebas. Otro
de los elementos del caso es el origen de las víctimas, que fueron confirmadas
como argentinas a raíz del comunicado de este viernes de esa Cancillería.

Además de avalar dicha nacionalidad, la Cancillería argentina establecía la edad de las víctimas en 11 años, con la prueba de la inscripción de las menores en el Registro Nacional de las Personas, que fueron remitidas a las autoridades paraguayas.

La mañana del sábado, la Fiscalía solicitó
la exhumación de los cuerpos, enterrados en una fosa común del cementerio
municipal de Yby Yaú, la zona donde se produjeron los enfrentamientos. Esa
noche, tras el nuevo peritaje forense de la Fiscalía, se confirmaba que las
menores tenían 11 años y una diferencia de unos meses.

Ambas presentaban numerosos impactos de
armas de fuego y se está a la espera de los resultados del ADN y a la
reclamación de los familiares.

Al respecto, el fiscal del caso, Federico Delfino, declaró tras el segundo análisis que las niñas ingresaron desde Argentina el pasado noviembre y junto a sus “supuestas madres”, las cuales habrían entregado a las menores “al grupo criminal y las habrían dejado en ese sitio (el campamento guerrillero)”.

***

¿Operativo
exitoso?

Tras la confirmación paraguaya de las edades, la Cancillería de ese país se comprometió a asumir “la responsabilidad de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos” y en el “marco de las investigaciones ya iniciadas”.

También, insistió en la condena al
reclutamiento de menores por parte del EPP y aseveró que se aplicará el peso de
la ley sobre los responsables. Ese supuesto uso de menores ya fue sostenido por
el Gobierno cuando sus informaciones cifraban la edad de las niñas en 15 y 17
años.

Sin embargo, y atendiendo a esas edades,
las formaciones opositoras expresaron su rechazo al relato del Gobierno que,
pese a las muertes, presentó como un éxito el operativo.

Ello en base a que se desarticuló el
considerado mayor campamento de la guerrilla, en el que habría una docena de
guerrilleros que huyeron tras los enfrentamientos que derivaron en las dos
muertes y a quienes se sigue rastreando.

El presidente del país, Mario Abdo Benítez, suspendió la agenda de ese día para visitar el campamento guerrillero y valoró el resultado de la operación, en la que se incautaron armas, explosivos, computadoras portátiles, documentos y unos 16.000 dólares.

***

Reclamo
religioso

La Arquidiócesis de Asunción expresó su pesar por el uso “dos niñas inocentes como carne de cañón”, al referirse a la muerte de las dos menores.

En su comunicado, la Arquidiócesis expresa
su “total desacuerdo con la despreciable utilización de niños para
acciones delictivas”, en alusión a que se encontraban en el campamento
junto a integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), algunos de los
cuales serían sus parientes, según el Gobierno.

Asimismo, la autoridad católica capitalina
se pregunta sobre las informaciones que manejaba la Fuerza de Tarea Conjunta
(FTC), el cuerpo de combate al EPP a la hora de llevar a cabo ese operativo.

La Arquidiócesis condenó a su vez las
pintadas que un reducido grupo de personas hizo anoche en una pared del Panteón
Nacional de los Héroes, en el centro de Asunción, donde además se quemó una
bandera paraguaya.

E hizo “un llamado a la paz y al diálogo como único camino para encontrar las soluciones a los distintos problemas que enfrenta nuestra Nación”.

#PA. EFE, Asunción.

lunes 7 de septiembre de 2020

Deja un comentario