Por Klarem Valoyes Gutiérrez


La ola de masacres que desangra a Colombia abrió tres nuevos capítulos en sólo 24 horas con la matanza de 17 personas en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño, crímenes que engrosan la lista de 33 masacres documentados este año por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH.

Las masacres de los últimos días en
Colombia, que se cobraron 34 vidas, reflejan una disputa sangrienta entre
distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la antigua
guerrilla de las FARC que pone a la población más vulnerable en permanente
estado de indefensión.

Las víctimas de las recientes matanzas en
los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca y Valle del Cauca son en su mayoría
jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendendientes, que históricamente están
entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno que no cesó
con el acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre de 2016.

“La crisis humanitaria que vive el
departamento de Nariño crece de manera despiadada, la zozobra no nos permite
vivir dignamente con el goce de derechos consagrados en la Constitución”,
manifestó este domingo en un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá
(Unipa).

Tres miembros de la comunidad Awá fueron
asesinados hace una semana en una remota zona del municipio de Ricaurte
(Nariño) y, según afirmaron hoy, entre los seis muertos del sábado en la
matanza de la aldea de La Guayacana, que hace parte de Tumaco, en el mismo
departamento, hay otra persona de ese grupo étnico.

“No podemos seguir poniendo muertos en una guerra que no nos pertenece y que con el pasar de los días se agudiza”, afirmó la Unipa y añadió que “las cifras de víctimas siguen aumentando”, así como “la angustia de las familias awá, campesinas y afrodescendientes”.

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Volver
al pasado

El país no vivía un horror parecido hace
años y aunque la firma de la paz y la desmovilización de las FARC trajo una
esperanza, en zonas históricamente abandonadas por el Estado los
enfrentamientos entre grupos armados hicieron imposible la reconciliación.

“Esto (las masacres) no es nuevo. Esto
no es que haya salido de un momento a otro. Todo venía pasando desde hace dos
años, lo que pasa es que la gente no había querido darse cuenta”, dijo a
Efe el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila.

Sin embargo, el experto reconoce que la
intensidad y la rapidez con la que se están perpetrando las masacres sí es
nueva y se está incrementando.

Ávila explica que las reacomodaciones
criminales generalmente duran un año y medio o máximo dos, pero tras la
dejación de armas de las FARC ninguno de los grupos armados activos ha podido
imponerse sobre los demás.

“Aquí llevamos tres años después de que se fueron las FARC y nadie ha ganado porque todo el mundo es lo suficientemente fuerte como para no imponerse unos sobre otros o lo suficientemente débil para no poder revertir la situación”, dijo.

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Civiles
bajo fuego cruzado

Esa imposibilidad de dominar territorios
estratégicos para actividades como el narcotráfico o la minería ilegal ha hecho
que los grupos armados se ensañen con la población civil con la excusa de que
son bases sociales de otros organizaciones criminales.

“Esto lo que indica es que como
estamos en un desgaste, (las bandas) la emprenden contra la base social que
creen que es del otro grupo y por eso ahora están metiendo más civiles (al
conflicto)”, explicó Ávila.

Mientras algunas zonas del país se
desangran, el Gobierno y sus críticos debaten sobre la incapacidad de la
administración del presidente Iván Duque para cumplir su promesa de llevar
seguridad a las regiones acorraladas por el conflicto.

Hay quienes critican a Duque por excusarse
siempre en la herencia de la administración anterior y mirar por el retrovisor
en momentos tan convulsos.

El sábado, mientras viajaba a Cali, donde
el 11 de agosto cinco jóvenes fueron masacrados, Duque publicó que entre 2019 y
lo que va de este año en Colombia ocurrieron 34 “homicidios
colectivos”, cifra que no coincide con la de 33 masacres que hasta hace
una semana había documentado la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para
los DD.HH. solo durante 2020.

El mandatario también comparó ese dato con
las 189 masacres que, según sus datos, ocurrieron entre 2010 y 2018, periodo de
su antecesor, Juan Manuel Santos, y dijo que los “muertos que deja la
violencia” son “producto del narcotráfico y el terrorismo”.

“Este es un pronunciamiento muy desafortunado porque confunde al público (al comparar ocho años con un año y medio) e ignora la tendencia al aumento en el número de masacres desde 2018. El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no maquillarla”, cuestionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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Respuesta
ideológica

Las respuestas del Gobierno ante la
creciente inseguridad demuestran que el país está frente a una parálisis
institucional, subrayó Ávila.

Según dijo, la administración de Duque no
entiende el problema de la violencia, se sigue justificando en el Gobierno
anterior y no sabe qué hacer con la explosión de economías ilegales, mientras
las Fuerzas Armadas están en medio de escándalos de corrupción y disputas
internas.

“Si uno escucha al ministro de Defensa
(Carlos Holmes Trujillo) él lo que dice es que todo es culpa del anterior
Gobierno y del narcotráfico”, agregó el analista.

El ministro criticó ayer la “mano
acusadora de la politiquería injuriosa y calumniosa” que cuestiona al
Gobierno cuando ocurre un crimen, pero “guarda silencio sobre el mal que
le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos”.

“El Gobierno tiene una lectura ideológica del tema y no entiende el problema. Como no entiende el problema no es capaz de actuar. Echarle la culpa a Santos y solo al narcotráfico es una visión muy limitada del asunto”, agregó Ávila a Efe.

***

Situación
irreversible

El incumplimiento de algunos puntos del
acuerdo de paz es una de las raíces del problema que hoy vive el país, pero
para Ávila “aún si el Gobierno decidiera cumplirlo desde mañana, la
situación ya es irreversible en algunas zonas”.

“¿Es culpa de la falta de
implementación del acuerdo? Sí, pero aún implementando eso hoy en el Catatumbo
o en la zona del Pacífico nariñense, la cosa no va a mejorar. Ya hay zonas que
se salieron de control y hay que esperar cinco o seis años para ver qué
pasa”, agregó.

El presidente también visitó el sábado la
localidad de Samaniego (Nariño) donde hace una semana ocho jóvenes de entre 19
y 25 años, algunos de ellos estudiantes universitarios, fueron masacrados en
una casa rural.

Duque dijo en esa comunidad, horrorizada
todavía por la matanza, que revisaría con las autoridades locales proyectos
como el arreglo de un estadio de fútbol y la construcción de un centro de
salud.

Para Ávila, proyectos de infraestructura no
son suficientes en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde
la situación ya “se salió de madre”.

“Como el Gobierno insiste en que el
problema de seguridad obedece a un plan B de las FARC y a una conspiración
santista, no entiende que aquí lo que hubo fue una transformación del crimen
muy grande”, agregó.

El experto asegura que “lo primero que el Gobierno tiene que hacer es entender esa nueva dinámica porque mientras no lo entienda y siga viendo esto con las lecturas tradicionales de hace diez años va a seguir cometiendo errores”. ♣♣♣

#PA. EFE, Bogotá.

lunes 24 de agosto de 2020

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