Por Florencia Guerrero


El fin de semana empezó con un trágico motín en Jujuy. Sin datos oficiales y con los penales con una superpoblación histórica, se aviva el peligro de réplicas de la revuelta en las unidades del SPF. La reunión fuera de agenda y la vida tras las rejas en primera persona. 


Los dos internos de la jujeña Unidad Penal 1 que fallecieron en las últimas horas durante un motín en el que participaban para reclamar libertades asistidas, mejores condicionales de detención y domiciliarias en los casos establecidos como de riesgo, volvieron a agitar las álgidas aguas en las que navega el Servicio Penitenciario Federal y sus correlatos provinciales por el crecimiento de contagios y la falta de información estadística oficial sobre la situación del virus intramuros

La revuelta en el barrio Gorriti comenzó al caer la tarde del jueves, cuando un grupo de internos trepó hasta los techos de la cárcel, para visibilizar el reclamo y pedir un representante de la Justicia. Ya era tarde cuando el juez de Ejecución, Carlos Emilio Cattan, logró mediar con los convictos y llegar a un acuerdo y confirmó que había contagios. Al ingresar, los penitenciarios encontraron a los fallecidos y varios heridos en una foto repetida que en abril tuvo su pico en varios penales del país. 

Otra novedad que golpeó la moral intramuros al inicio de la semana fue el crecimiento de contagios de COVID-19 en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los tres “positivos” en la unidad de Batán recalentaron los fríos pasillos de los penales, allí no hay grieta, penitenciarios y detenidos son potenciales víctimas. 

“No hay estadística oficial o la que brindan los servicios penitenciarios es inverosímil cuando se contrasta con lo que cuentan los detenidos”, dijo a #PuenteAereo la penalista y docente de derecho penal en la UBA, Roxana Locascio que alertó además sobre la situación en las multitudinarias unidades de le región, entre las que están de Florencio Varela, Dolores, Campana, Bahía Blanca, Sierra Chica, San Martín, Melchor Romero y González Catán, desde donde llegan vientos de molestia generalizada, aunque la Dirección de Salud Penitenciaria haya establecido en marzo medidas de prevención y protocolos de actuación con la intención de frenar las visitas en alcaidías y penales de la provincia, habilitando solo que los allegados de los presos pueden acercar mercadería, comida o indumentaria, que debe ser desinfectada.

Fuentes del SPB afirmaron que “los protocolos se cumplen estrictamente, por la seguridad de los internos y de los funcionarios” y entienden que la mayoría de los contagios de penitenciarios están vinculados con el exterior. 

Sobre la situación carcelaria, Locascio pidió: “Alguien debería explicar cómo puede ser que si desde marzo los penales está sellados, sin visitas ni salidas de los presos, haya un brote tan grave en el servicio penitenciario, donde hay unidades completas infectadas. En general informan sobre los efectivos con coronavirus, pero mucho menos sobre los detenidos”.

En el conurbano el lunes pasado se confirmó el tercer contagio entre el personal de la Unidad Penal 15 de Batán -donde ya hay 14 efectivos de guardia que cumplen con el aislamiento preventivo-, en esa cárcel hay encerrados unos 1370 presos. Los efectivos infectados se sumaron a los del Penal 42 de Florencio Varela donde viven 1127 reclusos, y la cúpula de jefes tuvo que ser reemplazada porque todos terminaron contagiados. 

Entre las críticas de los organismos no gubernamentales, el hecho de que desde el sistema penitenciario no exista un reporte oficial sobre contagios y más general, sobre la situación global de penitenciarios y presos, es uno de los ejes. Otra de los hechos que genera molestia, es que a partir de la oposición mediática a un fallo del juez de Casación Víctor Violini para habilitar las excarcelaciones en el marco del coronavirus, desde mayo la justicia cerró con candado a esa posibilidad, aunque muchos de los casos tengan sentencia o plazos cumplidos. 

En las protestas del tercer sector, siempre se referencia el pedido de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que sugirió a los países investigar el origen de los motines que, en Argentina tuvieron su pico de tensión en abril con focos en Devoto, Varela y Santa Fe. “Se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, sugirió sin suerte la referente de ONU en dos meses después de comenzada la pandemia.

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Miedo en primera persona

Más allá de las acusaciones, fuentes del Ministerio de Justicia Bonaerense, que conduce Julio Alak aseguraron a #PuenteAereo que esa gestión logró normalizar situaciones como la provisión de alimentos, de medicamentos y se pudo crear una mesa ejecutiva “con el fin de aliviar la crisis penitenciaria, que tiene hace años una superpoblación del 110%”.

Pero desde adentro, la perspectiva parece diferente, con las unidades que alcanzan más del 200%, el distanciamiento social parece imposible. “Los protocolos se aplican a la buena de dios, en los penales no tenemos médicos y los elementos de higiene escasean, estamos con mucho miedo”, aseguró a este portal Marcelo, detenido en la Unidad 45 de la ciudad de Melchor Romero, además según dijo el detenido, la policía ingresa a las unidades con barbijo, guantes y debe desinfectarse, pero los hisopados no se hacen entre los detenidos o, si se hacen, “mientras esperan el resultado los traen nuevamente a la cárcel”.

De acuerdo con los datos oficiales, la población carcelaria asciende a 103.209 personas alojadas en prisiones y comisarías, mientras la tasa de hacinamiento -que en promedio es del 22,1% a nivel federal-, se incrementa sustancialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por lo que expertos de la ONU señalaron que las penitenciarías argentinas, por su disposición y condiciones, representan una bomba de tiempo en un contexto sanitario de crisis.

En relación con los políticos y las promesas, el detenido de Melchor Romero fue tajante: “Vienen al penal a buscar los votos y después se olvidan de nosotros”. Algo similar plantea Pablo, desde la unidad de Villa Floresta en Bahía Blanca, donde en los últimos días también se informó que cuatro miembros del servicio penitenciario con el virus: “Estamos en malas condiciones, tenemos entre 40 y 100 casos de compañeros con fiebre, no hay distanciamiento social y faltan insumos para nosotros y el personal. Cuando decimos con hacer hacer huelga de hambre, como en otros penales, nos amenazan con sacarnos cosas”.

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El foco del Sur

Ante los “positivos” anunciados oficialmente, se prendieron varias alarmas en los penales nacionales. El miedo, como el virus se desparramó por el sistema penal a partir de los casos confirmados, un temor que, desde las bases, el personal penitenciario teme que se exprese en una segunda ola con nuevos motines. 

La máxima alarma la aportó el penal 42 de Florencio Varela, donde está el mayor foco de contagios desparramados entre las unidades 23, 24, 32, 42 y 54 varelenses, que entre todas reúnen un total de 5883 reclusos.

Entre las medidas preventivas normatizadas en esa unidad penitenciaria, desde marzo se suspendieron los traslados y se extremaron las medidas de desinfección y bioseguridad dentro del penal, que fue el primero en informar un interno con COVID-19 en el país y tiene varios casos en estudio. 

Para la penalista Locascio, esta situación se repite en otros penales: Dolores, Magdalena, entre otros, que ya activaron los protocolos a partir de penitenciarios o internos que presentaron síntomas de la enfermedad.

Con el termómetro de un contexto difícil, el jueves pasado las principales autoridades penitenciarias y de las áreas de salud de los establecimientos penales bonaerenses mantuvieron una reunión virtual convocada por fuera de la agenda, para realizar el seguimiento de las medidas aplicadas en las cárceles y alcaidías. Ese día participaron Xavier Areses, jefe del SPB; la directora provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas y los jefes de los 12 complejos penitenciarios bonaerenses, que durante tres horas presentaron informes y expusieron la preocupación manifestada por los trabajadores del servicio, similares a las que este viernes se plantearon nuevamente en Jujuy y se replican en la mayoría de las unidades del país, donde hasta aquí se mantiene la tensa calma.   ♣♣♣

#PA.

Domingo 19 de julio de 2020.

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