Caputo ya le debe a la Ciudad $530 mil millones y analiza pagar con bonos

Caputo ya le debe a la Ciudad $530 mil millones y analiza pagar con bonos

 

Luis «Toto» Caputo analizar pagarle a la Ciudad con un bono para saldar la deuda de 530 mil millones de pesos que tiene la Nación en concepto de coparticipación.

La Nación acumuló esa deuda por no pagar semanalmente el coeficiente del 1,55 de la Coparticipación que impuso una medida cautelar dictada por la Corte en 2022. Caputo dejóde pagar en agosto de 2025 y al cierre del 2025 la suma llegó 429 mil millones de pesos.

Sólo en lo que va del 2026, la deuda aumentó 100 mil millones más, por lo que el ministro busca una alternativa antes de que provocar un problema financiero severo.

En la última reunión de la mesa técnica que integran Nación y Ciudad, Caputo deslizó la idea de pagar con un bono que sea atractivo y Jorge Macri se mostró de acuerdo. Lo que entendieron en ambas administraciones es que la Corte no resolverá el conflicto, puesto que pidió que se solucionara por la vía política.

Aún no hay definiciones sobre qué tipo de bono ni de qué duración, pero el pedido de la administración porteña fue que tuviera posibilidad de reventa. No quieren repetir la experiencia del bono TX33 que les ofreció Alberto Fernández porque consideraban que no tenía liquidez en el mercado.

En el gobierno nacional aseguran que el tema podría resolverse en la próxima reunión de la mesa técnica, aunque todavía no tiene fecha.

 

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    «Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos», afirmó Girard en declaraciones radiales.

    Según explicó, el discurso oficial asocia la medida con valores como la libertad individual y el incentivo a la iniciativa privada, pero el diseño concreto del régimen deja en claro a quiénes beneficia. «No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso», señaló.

    Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la confusión deliberada que el gobierno de Javier Milei instala en torno al delito de evasión fiscal. «Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo», advirtió.

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    En ese sentido, Girard remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. «Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando», subrayó.

    El titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. «Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias», sostuvo.

    «Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía», agregó.

    Por último, Girard enmarcó la discusión en un debate de fondo sobre el sistema tributario argentino. «La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos», explicó.

    «El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado», concluyó.

     

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