Caputo echó al secretario de Transporte tras una denuncia por corrupción en subsidios

Caputo echó al secretario de Transporte tras una denuncia por corrupción en subsidios

 

Toto Caputo echó al secretario de Transporte tras una denuncia por corrupción que involucra subsidios. El perjuicio al Estado se calcula en 30 mil millones de pesos mediante la alteración de datos técnicos del sistema SUBE.

Luis Pierrini, presentó su renuncia y argumentó «motivos personales», aunque debió dejar su puesto luego de tomara estado público una maniobra de la empresa La Nueva Metropol que le habría costado al tesoro 3 mil millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini.

La Asociación Arco (Arco Social) presentó una denuncia penal contra Caputo y el ahora ex secretario de Transporte Pierrini «por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional».

La maniobra consistía en realizar un corrimiento artificial de validaciones desde tramos cortos a tramos largos. Eso provocaba un aumento en el monto de los subsidios percibidos por determinadas empresas, «sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos», expresaron desde Arco Social.

Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, explicó que en diciembre de 2025 «existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte» sin que «se hayan adoptado medidas correctivas o de auditoría efectivas». 

Por ese motivo, desde Arco Social remarcaron la «responsabilidad por omisión funcional de las autoridades estatales encargadas de la supervisión, aprobación y ejecución presupuestaria de los subsidios, en particular del Ministerio de Economía».

Según había publicado La Nación, la compañía La Nueva Metropol alteraba los boletos de los pasajeros para cobrar por recorridos más largos de los que efectivamente realizaba. Eso implicaba cobrar mayores subsidios.

Desde La Nueva Metropol desmintieron la maniobra y acusaron al Grupo Dota, que controla el 50% de los colectivos del AMBA.

El arquitecto Fernando Herrmann reemplazará a Pierrini al frente de la Secretaría de Transporte.

 

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    IMPUNIDAD: Milei vuelve a contratar a la Suizo-Argentina, sospechada de darle el 3% a su hermana

     

    Pese a estar bajo investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos retornos ilegales, el Gobierno volvió a habilitar a la droguería Suizo-Argentina para hacer negocios con el Estado. La empresa está en el centro del escándalo de la ANDIS y es señalada por un esquema de coimas que salpica de lleno al entorno más íntimo de Milei.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Mientras Milei repite su discurso contra “la casta” y promete transparencia, la realidad vuelve a mostrar otra cosa. El Estado nacional reactivó contrataciones con la droguería Suizo-Argentina S.A., una de las firmas más beneficiadas durante el actual gobierno y que se encuentra bajo investigación por una trama de sobreprecios, contratos amañados y presuntos retornos del 3% en el marco de las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

    La decisión de volver a contratar a la empresa se tomó cuando la causa judicial sigue abierta, los audios que dieron origen al escándalo no fueron desmentidos y las sospechas de corrupción alcanzan directamente a Karina Milei, hermana del Presidente y figura central del armado libertario.

    El escándalo de la ANDIS y el circuito del “3%”

    La investigación judicial se inició a partir de audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe con crudeza un esquema de contratación irregular con Suizo-Argentina. En esas grabaciones se habla de licitaciones armadas, sobreprecios sistemáticos y un retorno del 3% del monto de los contratos.

    Según la denuncia, ese dinero habría sido canalizado hacia funcionarios y operadores políticos del oficialismo. El nombre de Karina Milei aparece mencionado como destinataria final de esos retornos, junto a otros integrantes del círculo de poder que rodea al Presidente.

    Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por no dar explicaciones públicas, desplazar silenciosamente a algunos funcionarios y, ahora, volver a habilitar a la empresa sospechada para seguir contratando con el Estado.

    Contratos millonarios que continúan pese a la causa judicial

    Los números son elocuentes. Más de 600 contratos firmados entre la ANDIS y Suizo-Argentina, por montos que superan los 55 mil millones de pesos, se encuentran bajo la lupa judicial. A eso se suman compras realizadas por otros organismos nacionales, como el Ministerio de Salud, el PAMI y obras sociales estatales.

    Pese a este escenario, la droguería volvió a presentar ofertas en nuevas licitaciones, incluyendo provisión de insumos médicos de alta complejidad para hospitales públicos. En algunos casos, los procesos administrativos ya quedaron listos para adjudicar, como si la investigación en curso no existiera.

    No hubo suspensión preventiva, ni inhabilitación, ni siquiera un gesto mínimo de prudencia institucional.

    Un crecimiento explosivo bajo el gobierno de Milei

    Otro dato que refuerza las sospechas es el crecimiento exponencial de los contratos de Suizo-Argentina desde la llegada de Milei al poder. En apenas un año, la facturación de la empresa con el Estado se multiplicó de manera abrupta, alcanzando cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.

    Este salto contrasta brutalmente con el ajuste que el propio Gobierno aplica sobre jubilaciones, prestaciones por discapacidad, salarios estatales y el sistema de salud pública. Mientras se recortan derechos, los negocios amigos siguen intactos.

    El relato anticasta que se derrumba

    La reapertura de las contrataciones con una empresa bajo investigación judicial deja en evidencia una doble vara escandalosa. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero cuando las sospechas tocan a su propia familia, el discurso se desvanece.

    No hay transparencia, no hay explicaciones y no hay sanciones. Hay continuidad de negocios, encubrimiento político y una sensación de impunidad que se profundiza.

    Mientras la Justicia avanza a paso lento y el Gobierno hace equilibrio para despegarse del escándalo, los contratos siguen firmándose y el dinero público sigue fluyendo, incluso cuando las denuncias ya no son versiones periodísticas sino una causa judicial en marcha.

     

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