La justicia federal de San Nicolás allanó por primera vez la fábrica Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina, en una causa que lleva ya seis años con denuncias de más de 200 muertes en el Barrio Química. El abogado de lxs vecinxs, fabián Maggi, presenció el procedimiento y reveló a lavaca.org que se encontraron pruebas concluyentes del derrame de agrotóxicos sobre la barranca del Rio Paraná, y del enterramiento superficial y sin cuidado alguno de residuos altamente peligrosos para la salud humana y ambiental.

El operativo, este jueves 16, duró 12 horas y se produjo un mes después de que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) le pusiera un plazo de tres meses al Estado argentino para que presente informes sobre los reclamos por la contaminación en el territorio. (Foto en portada: Infocielo)..

Luego de seis años de radicada la demanda de los vecinos del Barrio Química, donde ocurrieron más de 200 muertes en sólo las seis manzanas del vecindario, la Justicia Federal de San Nicolás allanó este jueves la empresa Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina. La medida llegó casualmente un mes después de que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) remitiera al Estado argentino esas mismas denuncias que los vecinos, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), elevaron al organismo internacional luego de no obtener ninguna respuesta por la justicia provincial o federal en todos estos años.

“Toda la planta es un cementerio de residuos tóxicos”, grafica a lavaca Fabián Maggi, abogado de FOMEA y representante de un grupo de los vecinos. Maggi estuvo presente en el operativo que duró 12 horas y fue realizado por efectivos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, con participación de la Prefectura Naval Argentina.

La orden fue emitida por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, a instancias del pedido del fiscal federal Matías Di Lello. Entre otras medidas, el magistrado dispuso:

  • Requisar las instancias interiores de la fábrica (oficinas, depósitos, anexos) autorizando al personal de seguridad a la apertura de cajones, escritorios, caja fuertes, armarios y extracción de registros y soportes informáticos.
  • “Realizar una inspección integral del lugar a efectos de que se examine el proceso productivo en general, comprobar el modo de disposición y/o tratamiento de los residuos que la empresa genera y se obtengan muestras líquidas y sólidas a los fines de precisar el grado de contaminación denunciado”.
  • Constatar la existencia de caños clandestinos; el enterramiento de residuos peligrosos en la zona de la barranca del Río Paraná y otros sectores de la planta; la existencia de riego de la barranca sobre el Río Paraná con sobrantes de líquidos contaminados; y/o cualquier otro elemento de prueba para estas actuaciones.
  • Secuestrar toda documentación interna en soporte papel y/o digital, tendiente a acreditar el consumo de agua subterránea, y fiscalizar los medidores de consumo hídrico.

Las medidas fueron remitidas al Centro de Investigación de Medio Ambiente, de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA-UNLP), a cargo del investigador Damián Marino. Ese mismo equipo ya había detectado que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.

A la espera de los resultados, el abogado Maggi destaca la medida. “A esta altura de las circunstancias es más que evidente que era cierto lo que denunciaban los exempleados de Atanor, junto a los mismos vecinos. En esa planta industrial se enterraban productos químicos, residuos peligrosos, y se volcaban al Río Paraná a través de su barranca. Al día de hoy es indudable, y esa conducta es un delito penalmente tipificado. Lo que esperamos es un tiempo razonable para que la justicia actúe”.

Una vecina del Barrio Química despliega el mapa que elaboraron para contabilizar muertos y enfermos producidos por la contaminación.

Denuncias y hallazgos

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.

En noviembre de 2016 se produjo un incendio en la fábrica que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.

Uno de los trabajadores que disparó las primeras denuncias es Darío Álvarez, 50 años. Comenzó a trabajar en la planta de San Nicolás a fines de los 90. Lo echaron en 2005 por un accidente laboral, y fue uno de los testimonios de la nota de MU que fue enviado como prueba de los los reclamos a los expertos de la CIDH. Álvarez contó allí el caso de un extrabajador que relataba los constantes derrames tóxicos que iban al Paraná, el enterramiento de residuos peligrosos y los propios casos de contaminación.

El abogado Maggi llegó el jueves a las 8:30 al juzgado federal, a las 10 estaban ingresando a la planta y se retiraron pasadas las 21:30. Cuenta que el ambiente estaba muy tenso, y que el día anterior ya se había filtrado la noticia del allanamiento.

-¿Qué evaluación hace?

-La evaluación es muy positiva. Sobre todo por la toma de, al menos, dos muestras muy fuertes y contundentes. Estas muestras técnicamente se dicen que tienen características organolépticas, que es lo que uno percibe con los sentidos: el color, el olor. Hubo dos lugares: uno, el punto histórico de la barranca. Yo estaba acompañado de un ex supervisor testigo que sabía todo lo que había pasado, y que coincide con el relato de los empleados del lugar sobre los lugares donde volcaban los tóxicos. La barranca era uno de los puntos, porque la tierra tiene una coloración amarilla, verdosa. Tomamos muestras de lo que es un gran manchón de esa sustancia química. Se sospecha que es triflularina (un agroquímico), pero eso lo especificarán los análisis.

-¿Cuál es la otra muestra que mencionaba?

-Es otra prueba que revela la conducta temeraria de la empresa. Hay un camino de cemento, una especie de veredita que une dos sectores de la planta, que si vos la golpeás, se rompe fácilmente porque es una capa finita, y debajo de esa capa aparece carbón activado mezclado con triflularina. Es decir, un indudable enterramiento de residuos peligrosos. Estamos muy conformes en ese sentido con los hallazgos.

Corrupción y otra contaminadora

El abogado Maggi apunta que no es la primera medida de estas características sobre la empresa. “Esto ya pasó en la justicia provincial. Pero nosotros no dudamos de que hay una situación de corrupción, porque la justicia ya encontró un enterramiento y de todas maneras mantuvo un acuerdo con la empresa, sin que hubiera ni una mínima consecuencia negativa”.

Sin embargo, sí es la primera vez que ocurre en el marco de la causa federal. “Tardaron seis años. En otro tipo de causas, la primer medida que se toma es el allanamiento después de investigar un poco, porque es lo lógico: te permite establecer una plataforma de pruebas. Acá tardaron todo este tiempo, siendo que lo pedimos desde un comienzo”.

Por ese motivo, para Maggi es difícil no ubicar esta medida como un coletazo del pedido de informes de la CIDH, donde le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto a la causa de contaminación contra Atanor. A su vez, el abogado apunta a lavaca otro antecedente: el 2 de julio, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Justicia Federal de San Nicolás que vuelva a pronunciarse en una causa iniciada por el propia FOMEA contra la empresa Carboquímica Paraná SA, que según las denuncias “contaminaba el Río Paraná y sus costas con residuos peligrosos provenientes de la actividad industrial de destilado de alquitrán de hulla”.

Maggi: “Son los mismos jueces involucrados, los mismos funcionarios y la misma zona de influencia reflejada en la sentencia de la Corte. Carboquímica es una empresa que está en el mismo cordón industrial: Atanor es donde empieza y Carboquímica, donde termina, en una franja que tendrá entre 15 y 20 kilómetros. El alquitrán de hulla es un residuo que se produce en la industria metalúrgica. Acá tenemos la más grande de América, la exSomisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), que era del Estado y ahora es de Techint. Produjeron un desastre ambiental, que afectó gravemente la salud. Nosotros denunciamos el fallecimiento de un niño por la contaminación”.

El fallo de la Corte llegó luego del pedido de informes de la CIDH.

Y, una semana después a la sentencia del máximo tribunal, el juez Villafuerte Ruzo ordenó el allanamiento, que finalmente se concretó este jueves.

-En la orden, el juez también requirió el secuestro de toda documentación interna en soporte papel y/o digital para acreditar el consumo de agua subterránea y fiscalizar los medidores de consumo hídrico. ¿Qué significa?

-Es un punto fundamental. Desde el inicio, a partir de los testimonios de los trabajadores, sabíamos que se estaba sobreexplotando un recurso hídrico, no solo para su producción industrial sino también para diluir sus efluentes. La producción de agrotóxicos ahora va “evolucionando” hacia lo sólido, pero siempre fueron líquidos. Y, a su vez, estaban volcando al Paraná de manera descontrolada. Acá las empresas tienen un balance de flujo: para poder controlarlas ambientalmente tenés que saber cuánta agua consume y cuánta vuelca. Atanor funcionó 50 años sin caudalímetros. Y la Autoridad del Agua (ADA) informó en un expediente de amparo que la empresa no contaba con ellos ni tampoco con cámara de toma de muestras, además de que la propia ADA nunca había testeado los efluentes de la industria.

-¿Como si fuera un dato menor?

-Como si fuera un dato menor. Obvio que denunciamos, pero no nos dieron importancia. Es decir, no hay un balance hídrico ni de ingreso ni de egreso de efluentes, y eso generó una situación de vulnerabilidad del medio ambiente.

Además de estas irregularidades y denuncias, hace años que los vecinos y el FOMEA alertan que la planta inauguró un sector de formulación de atrazina sólida, un hebicida que en la Unión Europea está prohibido desde 2013. “Lo pudimos comprobar con el allanamiento. Era un desastre, con el polvillo volando por todos lados, siendo que hay una ordenanza local que establece que la empresa tiene prohibida su expansión dado el entorno urbano. Sin embargo, en esa inauguación vino un diputado provincial y el obispo local, sin la habilitación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, ámbito de regulación bonaerense)”.

Por ese motivo, en San Nicolás están a la espera de los resultados. Maggi: “Nuestra preocupación es que los funcionarios sean investigados. Si no son sancionados ni penados por incumplir sus deberes, van a seguir dándole vía libre a las empresas”.

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