En medio de un hermetismo extremo, Julio Alak tendría decidido quedar al frente del PJ La Plata y correr a La Cámpora que actualmente tiene las riendas del partido en la capital provincial.
Fuentes el peronismo sostienen que la decisión del intendente de quedar al frente del PJ local está tomada y responde a una premisa que forma parte de la mesa de negociación provincial en la que participan axelistas y kirchneristas. Esa premisa sostiene que al frente del partido debe quedar quien gobierne el distrito.
De todos modos, a diferencia de lo que ocurre en otros distritos donde el sector que quedará al mando del partido desplaza completamente al otro (Avellaneda parece ser un caso), en La Plata, Alak buscará contener dentro del PJ a todo el peronismo de la capital provincial, incluida La Cámpora.
La agrupación de Máximo Kirchner no tiene fuerza para enfrentar a Alak en una interna. A partir de su llegada al Palacio Municipal, el ex ministro de Justicia trabajó para contener a todo el peronismo que venía atomizado tras ocho años de gestión del PRO.
Sin embargo, con La Cámpora siempre hubo roces a pesar que la agrupación de Máximo fue integrada al gobierno y maneja dos secretarías: Ana Negrete (Cultura) y Soledad Fernández (Salud).
Ariel Archanco.
En el cierre de listas de la elección legislativa, Alak cedió a La Cámpora el primer lugar en la lista de diputados provinciales. Fue un gesto de unidad en medio de fuertes tensiones en los distritos entre axelistas y kirchneristas.
El camporista Ariel Archanco debía renovar su banca y pudo reelegir como diputado provincial sin problemas. Archanco es quien está al frente del PJ local desde hace cuatro años. Sobre su gestión pesan algunas críticas como la casi nula actividad del partido durante la era Milei.
En las últimas semanas, la relación entre Alak y La Cámpora tuvo un pico de tensión. Fue cuando el intendente le quitó a la agrupación a su principal armador territorial en La Plata, Pablo Elías.
Elías formaba parte de la estructura de La Cámpora. Incluso había sido ubicado en 2023 como primer concejal en la lista del intendente y por lo tanto era el primero en la lista de sucesión. Ese tema es sensible para todos los intendentes.
Elías venía con fuertes diferencias con Pablo Alaniz, un dirigente que controla a La Cámpora en La Plata por su cercanía con Máximo. El acuerdo entre Alak y Elías se formalizó en diciembre cuando el concejal rompió con la agrupación de Máximo para armar su propio espacio que reportará directamente a Alak.
La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.
El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria
El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.
Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.
Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.
El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.
La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad
Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.
Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.
En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.
El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.
La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.
El caso argentino: justicia social como pacto democrático
En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.
Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.
El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.
Una consigna más ideológica que aplicable
La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.
La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.
Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.
La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.
El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.
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Luis «Toto» Caputo analizar pagarle a la Ciudad con un bono para saldar la deuda de 530 mil millones de pesos que tiene la Nación en concepto de coparticipación.
La Nación acumuló esa deuda por no pagar semanalmente el coeficiente del 1,55 de la Coparticipación que impuso una medida cautelar dictada por la Corte en 2022. Caputo dejóde pagar en agosto de 2025 y al cierre del 2025 la suma llegó 429 mil millones de pesos.
Sólo en lo que va del 2026, la deuda aumentó 100 mil millones más, por lo que el ministro busca una alternativa antes de que provocar un problema financiero severo.
En la última reunión de la mesa técnica que integran Nación y Ciudad, Caputo deslizó la idea de pagar con un bono que sea atractivo y Jorge Macri se mostró de acuerdo. Lo que entendieron en ambas administraciones es que la Corte no resolverá el conflicto, puesto que pidió que se solucionara por la vía política.
Aún no hay definiciones sobre qué tipo de bono ni de qué duración, pero el pedido de la administración porteña fue que tuviera posibilidad de reventa. No quieren repetir la experiencia del bono TX33 que les ofreció Alberto Fernández porque consideraban que no tenía liquidez en el mercado.
En el gobierno nacional aseguran que el tema podría resolverse en la próxima reunión de la mesa técnica, aunque todavía no tiene fecha.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina presenta una gran propuesta para los amantes del ‘Flaco’ Spinetta: ‘Retrospectiva Spinetta’, este sábado 25 a las 21 horas en el Galpón de las Artes. Los artistas que participan de esta producción son Rock FCP, integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarra y canto;…
