Adorni festejó un pedido de desafuero contra delegados del Garrahan y los trabajadores denuncian persecución política

Adorni festejó un pedido de desafuero contra delegados del Garrahan y los trabajadores denuncian persecución política

 

Manuel Adorni celebró por Twitter este martes que la oficina de sumarios del Hospital Garrahan solicitara mediante un dictamen el desafuero de 10 delegados de la comisión interna, con el objetivo de despedirlos. «El que las hace, las paga», posteó el jefe de Gabinete en X, y consideró como causal de despido «haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025».

El delegado de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, vinculó la ofensiva de las autoridades del hospital con el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso pero alertó que Adorni se enteró casi al mismo tiempo que los trabajadores. «El propio jefe de gabinete confirmó por Twitter minutos después que nos llegara el dictamen de la oficina de sumarios, lo cual confirma que es una operación 100 por ciento política», dijo, y agregó que se trata de «un informe reservado el de la oficina de sumarios que de ninguna manera debería tener el jefe de gabinete».

Según Lipcovich, «hay 44 trabajadores sumergidos en un proceso de sumario, que incluye a los principales dirigentes de ATE pertenecientes a la Asociación de Profesionales por haber participado de protestas en defensa del Garrahan.

En efecto, Adorni no ocultó que los despidos serían por el conflicto desarrollado durante el 2025 pero lo adjudicó a «la pretensión de cobrar por días no trabajados». «La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin», se pavoneó el funcionario.

El dirigente sindical expresó también que «este operativo político fue decidido a instancias de la Casa Rosada para aleccionar a los protagonistas de una de las principales luchas», en referencia a la pelea por la emergencia pediátrica que contemplaba más recursos para el Garrahan. Aquella iniciativa fue sancionada por el Congreso, luego vetada por Javier Milei pero finalmente insistida por los legisladores de ambas cámaras.

Por eso, Lipcovich advirtió que «el mensaje es clarísimo» y dijo que «el vaciamiento del hospital no ha cesado». En ese contexto, avisó que los trabajadores se mantienen en estado de alerta, con reuniones y asambleas «para enfrentar el atropello». «Es solo un dictamen de la oficina de sumarios y ejerceremos nuestro derecho a defensa, aunque el veredicto del gobierno ya está escrito», concluyó.

 

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    «Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.

    La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

    «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

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    Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

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    A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

    Cárcel del Helicoide, en Caracas.

    Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

    El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

    A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

    Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

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    En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

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