La organización de derechos humanos Human Rights Watch presentó un informe en el que analiza lo sucedido desde que el Senado rechazó la interrupción voluntaria del embarazo y le pide al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, enviar un proyecto de ley al Congreso que despenalice el aborto en todos los casos y sea regulado de forma tal que respete la autonomía de las personas gestantes. Lo que concluyen en el informe es que el Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica. La criminalización del aborto, detallan, genera múltiples barreras. Algunas de ellas son: la falta de información pública sobre el alcance de las causales vigentes, las restricciones ilegales impuestas por los centros de salud, los límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales y centros de salud, y la necesidad de presentar una denuncia policial o de conseguir una orden judicial que permita realizar un aborto en casos de violación. Así, la falta de reglas claras y uniformes en todo el país generó un conjunto de prácticas dispares que causan un daño desproporcionado a las personas gestantes con recursos limitados o con menor acceso a información sobre sus derechos. Tamara Taraciuk Broner es subdirectora para las Américas de Human Rights Watch y fue quien coordinó el informe, con ella hablamos sobre las consecuencias de las barreras en el acceso, la falta de cifras claras sobre el número de interrupciones –legales o no- y de muertes producidas como consecuencia, de la obligación del Estado de avanzar en la legalización, y de los aportes del informe para que sea ley.

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