Durante la pandemia los organismos internacionales reclamaron que la salud reproductiva sea considerada esencial. En Argentina al menos dos mujeres murieron por abortos clandestinos; las consultas sobre el tema se multiplicaron por cinco pero la atención en instituciones bajó. Responsables de salud a nivel nacional y porteño cuentan por qué y brindan datos que explican la necesidad de una ley. El estudio que revela cuántas camas se desocuparían. Y el compromiso para que sea este año, con tensiones frente al lobby antiderechos. Por Anabella Arrascaeta.

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Foto: Lina Etchesuri

En la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que “dentro de los próximos diez días” presentaría un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Pasaron cien. 

En el medio se declaró al coronavirus como pandemia mundial, el proyecto nunca se envió, y a pesar de que el Congreso volvió a funcionar y de que la salud pública y la mirada sanitarista están en auge, ni los embarazos no deseados ni los abortos salieron de la clandestinidad. 

Al menos dos mujeres murieron como consecuencias de abortos clandestinos durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio. En marzo, una mujer de 22 años murió en Pirané, Formosa, como consecuencia de una infección generalizada producto de un aborto clandestino. Un mes después -aunque su historia trascendió recién en junio- murió otra mujer de 41 años, en González Catán, territorio bonaerense que dio a conocer lineamientos para la atención de interrupciones de embarazos en medio de la pandemia. La muerte de esta mujer sigue revelando la falta de una ley que no restrinja el acceso real y democrático a las políticas de salud. 

Sin una legislación que garantice derechos, en medio de una crisis económica, social y sanitaria, como los femicidios, lo que ya era una urgencia se vuelve emergencia. 

En Argentina, cada año, se producen entre 350.000 y 500.000 abortos. 

1300 por día, 54 cada hora que pasa. 

El acceso como privilegio

Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió por su parte que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Durante la cuarentena las consultas a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales -vigentes desde 1921- crecieron más del 500%.

La médica generalista Viviana Mazur es parte del equipo de la Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En conversación con MU plantea que declarar los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción legal del embarazo como esenciales “tampoco garantiza que las mujeres puedan llegar fácilmente a los servicios de salud y que los servicios de salud estén dispuestos totalmente a garantizarlos, sino al contrario”. Las posibilidades de trasladarse, el estar a cargo de cuidar a otres, la dificultad de confirmar la gestación previamente con una ecografía en un lugar privado y que las posiciones personales de médicos tanto sobre la pandemia como ante el aborto son algunas de las complicaciones que se suman a las que ya existían, y que se recrudecen en algunas zonas del país. 

Mazur cuenta que, durante la pandemia, a los centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires llegan menos casos de complicaciones por aborto. También hay menos oferta: “Sobre todas las cosas hay mujeres que tienen miedo a salir o que no pueden”, relata.

En la práctica, los casos que llegan no encuentran una mejor atención que en la prepandemia. Dice Mazur: “Hay gente con muy buena voluntad de los servicios de salud que ahora dice: ‘En este momento tengo la sala ocupada con casos de Covid’. Y así se empiezan a vulnerar derechos más allá de la declamación de ‘el acceso está garantizado de todas maneras’, en donde parecería que el acceso a la interrupción legal del embarazo sería un lujo en este contexto y la verdad es que no: seguramente esa persona joven tiene menos posibilidad de morir por Covid que por una interrupción insegura. La verdad es que se complejiza la situación, y se complejiza incluso en la medida en que las personas no pueden transitar fácilmente, que si no tienen un certificado quizá la paran, que quizás llegan al hospital y no pueden entrar… Esas cosas están sucediendo y hace que tengamos muchos más casos de interrupciones de segundos trimestres, más avanzados, que los que estábamos teniendo antes de la pandemia”. 

Además del contexto dado por la pandemia ¿cuáles son los principales factores de restricción del acceso? 

En la Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de médicos y médicas generalistas que integran el primer nivel de atención – trabajadoras sociales, psicólogas- que están posicionadas dentro de una política de protección de derechos y activamente trabajan en ese sentido. No es una casualidad: el entramado que se llamó después ‘Red de profesionales por el derecho a decidir’, hace muchos años que se viene gestando. Los obstáculos en este momento tienen que ver con los embarazos que superan las doce semanas. Hasta las doce semanas hay una comprensión cabal de la importancia para garantizar el acceso para disminuir el riesgo y también la interpretación de las causales. En nuestro país la legalidad es por causales, no por plazos, pero a pesar de eso hay algo que hace que los equipos de salud hasta las doce semanas tengan mucho menos conflicto en interpretar la causal salud desde una perspectiva amplia que cuando se supera la barrera de doce semanas. Empiezan a jugar otros factores que hay que tener en cuenta que se constituyen en barreras importantes, y a medida que pasan las semanas esas barreras van aumentando. 

Valeria Isla es directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, cargo que también ocupó de 2005 a 2007 pero cuando en lugar de una dirección era una coordinación. La nueva institucionalidad “implica más capacidad de gestión”, explica a MU y confiesa que en esa transformación política fue clave la calle: “Es un escenario absolutamente diferente al de 2005, es otra agenda”. Sobre el regreso relata que se encontró “con un equipo muy sólido que viene de hace muchísimos años, formado, con mucho conocimiento de las provincias” pero también con “las redes feministas, las organizaciones de la sociedad civil, como los Consejos Asesores de la Dirección y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”. El pendiente: “Hay provincias que tienen más avances que otras”.

En algunas zonas del país es evidente la aparición de grupos antiderechos muy organizados, ¿tienen incidencia en la política pública sanitaria?

Sí, por supuesto, hay una puja de fuerzas importantes porque tienen apoyo y financiamiento de toda una estrategia regional. Por otro lado se hicieron más visibles, antes no eran tan evidentes y nos costaba más acceder a una situación concreta para poder intervenir. Nosotros tenemos una estrategia de intervención más directa. También todo el trabajo de profesionales de salud y de redes de mujeres por fuera del sistema de salud arman un sistema de monitoreo y alerta que es fundamental a la hora de poder intervenir y de hacer frente a estos núcleos más duros que están dentro de los sistemas de salud y en las autoridades políticas e institucionales. 

¿Cómo se trabajan estas tensiones a nivel legislativo, para que sea ley?

Lo que pasó en la Cámara de Diputados (en el debate 2018) fue un proceso excelente y la Senadores es una cámara mucho más conservadora. Si uno analiza los argumentos, esos sectores políticos no estuvieron a la altura de las demandas ni de la despenalización y la legalización social que se realizó. Hay un problema de escucha política para incorporar la agenda que está demandando la sociedad en términos de salud sexual y reproductiva. Ahora el desafío es trabajar con cada uno de los senadores y senadoras para que puedan apoyar la agenda de las mujeres. Ese es un punto, además de todo lo que se está haciendo. Trabajar con algunas de las provincias representadas en el Senado por sectores conservadores es muy importante, porque finalmente ahí está el voto. 

Por qué Aborto Legal YA

La pandemia puso a contrarreloj la urgencia de engrosar y reforzar el sistema de salud con la lupa puesta en los indicadores sanitarios. Si esa misma lectura se traslada a la interrupción de los embarazos, la legalización, ¿qué sucede?

En un informe reciente el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se plantea, ante la necesidad de camas disponibles en centros de salud, cuántas camas liberaría la legalización del aborto. La respuesta multiplica: “Decenas de miles de camas hospitalarias”. 

El resultado sigue esta cuenta: entre los años 2005 y 2015 se produjeron, según datos publicados por el Ministerio de Salud, en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. La cifra ascendería a más de 70.000 sumando al sector privado. “De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98 por ciento de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID 19”, concluye el informe. 

El análisis se suma a las razones que la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Nación enumera: “Está dicho en un montón de estudios que una ley que garantice el aborto desde una perspectiva de salud pública tiene un impacto altísimo. También desde lo económico. El otro tema importante, que está comprobado, es que frente a escenarios de legalización las mujeres y personas con capacidad de gestar llegamos más temprano a la práctica. Esto evita internaciones innecesarias y complicaciones. Y además, como dijo el ministro de Salud Ginés González García a principio de año, se eliminaría una causa de muerte. Esto es muy fuerte estadísticamente: la mortalidad por muerte insegura se eliminaría prácticamente de la estadística sanitaria. Sanitariamente tendría un impacto altísimo la legalización por semanas. La legalización que tenemos ahora por causales ha demostrado que no se ha podido superar un montón de barreras de acceso, entonces ampliar la legalización por semanas y luego por causales ha demostrado en los países que así lo tienen que ha mejorado todos los indicadores de la salud sexual y reproductiva”. 

La funcionaria de Ciudad, por su parte, aporta más argumentos a la necesidad de una ley: “El riesgo de una práctica segura es de 0,2 a 2 cada 100.000 procedimientos, y el riesgo de morir de una práctica insegura es de 100 a 1.000 cada 100.000 procedimientos”. Es decir que el riesgo de contraer hemorragias, infecciones, lesiones, traumatismos, y hasta de muerte de un aborto inseguro -definido por la Organización Mundial de la Salud como un aborto realizado por personas que carecen de las habilidades necesarias o en un ambiente que no cumple los mínimos estándares médicos-  es de cien a mil veces mayor que si se realizase en un ámbito seguro. “Es impactante -sostiene Mazur-. Tenemos que saber que cuando nosotros le decimos a una mujer que su pedido de interrupción va a ser contemplado o no, no le estamos diciendo ‘vos vas a abortar’ o ‘no vas a abortar’, porque en gran parte cuando la mujer o persona gestante consulta ya tienen una decisión tomada y lo va a hacer más allá del acompañamiento que uno pueda ofrecer o no”. 

Si hablamos de economía, durante el debate legislativo la senadora Nancy González presentó un informe sobre el costo del aborto inseguro donde detalló que la legalización implicaría un uso más justo y eficiente de los recursos del sistema público de salud. Dice el informe: “Garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría no solo evitar la muerte de muchas mujeres, generalmente de jóvenes de bajos recursos, sino también la reducción del 43% de lo que actualmente destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones. Si además hubiese producción pública de misoprostol, el presupuesto destinado a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo sería un 55% menor de lo que cuesta en la actualidad”. 

Si pensamos que en este momento de pandemia las decisiones se enmarcan en la política sanitaria y de derechos, ¿no es el marco preciso para avanzar en una Ley? ¿Qué la detiene?

Viviana Mazur: Por sobre todas las cosas porque una parte de las mujeres que llegan tarde lo hace por temor a ser rechazadas, a ser maltratadas. Piensan que lo que les sucede no va a ser interpretado bien por los equipos de salud, porque no tienen en claro su derecho, porque las personas no tienen el Código Penal en sus cabezas. Hay una parte de esas personas que van a llegar antes, y otras no porque los motivos por los que deciden hacer una interrupción legal del embarazo aparecen después de las doce semanas. En los países que hay aborto legal por plazos además de por causales hay un porcentaje importante que de todas maneras no se puede resolver antes de las doce semanas. 

Valeria Isla: El Presidente mencionó que, justo antes de arrancar la pandemia, ya estaba listo el proyecto para enviarlo a las cámaras. Pensamos que este es un buen año, quizá cuando pase un poco este momento más crítico de la pandemia. Están dadas las condiciones y en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva estamos trabajando fuertemente para apoyar a los servicios de salud en el acceso a la interrupción legal del embarazo, que es condición para que una vez que se apruebe la ley poder trabajar con todos los equipos de salud para garantizar el acceso. Tenemos la expectativa de que este año podamos cumplir con el objetivo planteado de la aprobación de la ley. 

Que así sea.

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