Una reciente encuesta realizada por la consultora Analogías reveló un fuerte descreimiento de la opinión pública en los números del Indec que fueron festejados por el gobierno de Javier Milei y que marcaron una baja de la pobreza cercana a los 15 puntos.
Casi un 64% de los entrevistados sostuvo que la pobreza “no está bajando”, mientras que la preocupación por el desempleo ya alcanza el 85%. En paralelo, la encuesta a la que tuvo acceso LPO muesta un rechazo mayoritario al acuerdo con el FMI (61,3%).
En ese contexto, el estudio muestra un derrumbe de cinco puntos en la base de apoyo al Gobierno, mientras que la imagen de Milei pasó de un diferencial positivo de 2 puntos en febrero a uno negativo de 4 puntos en marzo.
El efecto de la estafa cripto y la feroz represión a la marcha de los jubilados caló hondo en la percepción de la gestión libertaria. El 52% de los encuestados consideró que es un gobierno con “mucha o bastante” corrupción, mientras que un 58% lo define como un gobierno “autoritario”.
“Con estos datos confirmamos las consecuencias de la saga de eventos negativos de los últimos 60 días. El discurso de odio en Davos, el rol protagónico de Milei en la estafa global de la criptomoneda y la errática gestión política de un nuevo programa con el FMI han tenido implicancias determinantes en la opinión pública”, dijo Marina Acosta, de Analogías.
Crece la desaprobación del gobierno de Milei, que supera el 46%, una brecha de ocho puntos con quienes aún lo aprueban (38%). En tanto, un 52% desaprueba el manejo de la economía.
En tanto, el reclamo de los jubilados tiene amplio apoyo: el 85% cree que hay que otorgar un aumento de emergencia y el 64% no acuerda con la represión en sus movilizaciones.
Frente a eso, subió al 51% la fracción de los encuestados que opinan que el sacrificio en materia de ajuste no tiene sentido para resolver los problemas estructurales de la economía. Se trata de un incremento de diez puntos con relación a diciembre. Lo contrario pasó con el optimismo, que cayó de 45 a 35.
Una mayoría del 53% respondió que la inflación “no está bajando” y otra del 46% que el dólar va a aumentar “mucho o bastante” en los próximos meses.
Frente a ese cuadro, crece la desaprobación del gobierno de Milei, que supera el 46%, una brecha de ocho puntos con quienes aún lo aprueban (38%). En tanto, un 52% desaprueba el manejo de la economía.
En cuanto a la imagen de Milei, la negativa llega a los 51 puntos, distribuidos en muy malo (28,1), malo (10,4) y regular malo (12,4); contra los 47 de positiva.
De cara a las legislativas, la intención de voto al Gobierno (30,8) cayó dos puntos que fueron captados por todas las otras alternativas, excepto el peronismo (30,2).
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La historia de los aranceles aduaneros no es una mera cronología de tasas impuestas al comercio. Es la historia misma del capitalismo en acción: su expansión territorial, sus crisis, sus contradicciones internas. Desde el mercantilismo hasta la OMC, los aranceles han sido usados como armas de guerra económica, instrumentos de acumulación primitiva y mecanismos de sujeción neocolonial. Lejos de ser un tecnicismo económico, son una pieza clave en la disputa por la hegemonía global y el control de la fuerza productiva mundial.
Por Walter Onorato
El origen: el arancel como muro del Estado burgués en gestación
La primera forma organizada de arancel aduanero surgió en paralelo a la consolidación del Estado moderno y al ascenso de la burguesía mercantil. En el siglo XVI, con el avance del mercantilismo, los aranceles eran percibidos como una herramienta de protección de los productores locales frente a la competencia extranjera. Pero ese relato, que hoy se repite como mantra tecnocrático, omite lo esencial: su rol en la acumulación originaria del capital.
Como señala el historiador marxista Eric Hobsbawm, el Estado absolutista no solo permitió la expansión del comercio sino que la organizó con fines estratégicos. La protección aduanera, más que una defensa de la industria nacional, era una forma de concentrar recursos en manos de la incipiente clase burguesa, mediante el monopolio comercial y la represión del pequeño productor rural o artesanal.
La instalación de tarifas sobre bienes importados no era una cuestión de eficiencia económica sino de poder político. Los aranceles, en efecto, consolidaban la soberanía fiscal del Estado moderno pero al mismo tiempo fortalecían el orden social clasista que lo sustentaba: se castigaba el consumo de bienes extranjeros por parte de los sectores populares mientras se incentivaba su uso por las élites, que podían sortear las barreras mediante privilegios comerciales y exenciones fiscales.
Siglo XIX: del proteccionismo a la expansión imperialista
La expansión del capitalismo industrial en el siglo XIX consolidó la función ambivalente del arancel. Por un lado, en los países centrales como Inglaterra, se propiciaba el libre comercio —una vez consolidada su supremacía industrial— mientras se imponían tarifas draconianas en las colonias para evitar el desarrollo de industrias locales. La hipocresía liberal era brutal: los que predicaban el laissez-faire eran los mismos que habían protegido ferozmente su industria hasta consolidarla.
El ejemplo paradigmático es el Reino Unido, que tras la derogación de las Corn Laws en 1846 comenzó a exigir a sus colonias la apertura irrestricta de mercados, mientras que el propio despegue industrial británico se había cimentado sobre siglos de proteccionismo feroz. Así lo señala Ha-Joon Chang, economista y crítico del liberalismo, en Kicking Away the Ladder (2002): las potencias utilizan el proteccionismo para ascender y luego imponen el libre comercio como dogma para evitar que otros asciendan.
En América Latina, los aranceles fueron una fuente crucial de ingresos para los Estados nacionales durante el siglo XIX, cuando el aparato fiscal era débil y las elites terratenientes se resistían a pagar impuestos. Sin embargo, el uso del arancel como herramienta de desarrollo fue bloqueado sistemáticamente por el capital extranjero. Los tratados desiguales, las guerras de deuda y las invasiones directas —como la de México por Francia en 1862 o las intervenciones británicas en el Río de la Plata— respondían, en muchos casos, a la negativa de los países periféricos a abrir sus economías a los productos europeos.
Siglo XX: industrialización, Bretton Woods y neoliberalismo
Durante la primera mitad del siglo XX, en particular tras la Gran Depresión de 1929, el proteccionismo regresó como medida de defensa económica. La caída del comercio mundial llevó a Estados Unidos a aprobar la Smoot-Hawley Tariff Act en 1930, elevando aranceles a niveles históricos. Sin embargo, lejos de ser una solución, esto precipitó una guerra comercial global que profundizó la crisis.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el orden económico de Bretton Woods buscó limitar el uso de aranceles mediante instituciones como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), antecesor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero este «libre comercio» era, en realidad, la imposición de reglas diseñadas por las potencias vencedoras, en especial EE. UU., para garantizar mercados a sus productos y flujos de capitales.
No obstante, durante los años del llamado «desarrollismo» en el Tercer Mundo —particularmente entre 1950 y 1975— muchos países aplicaron políticas de sustitución de importaciones, utilizando aranceles para proteger industrias incipientes. Argentina, Brasil, México, India y otros países buscaron romper la dependencia exportadora y construir autonomía económica. Sin embargo, estas políticas fueron asfixiadas sistemáticamente por la presión del FMI, la deuda externa y los golpes de Estado promovidos por las potencias imperiales.
Con la ofensiva neoliberal desde los años 80, los aranceles volvieron a reducirse dramáticamente. Bajo el paradigma del Consenso de Washington, el dogma del «libre comercio» volvió a imponerse como verdad incuestionable. Pero los países centrales continuaron protegiendo sectores clave —como la agricultura en EE. UU. o la siderurgia en Europa— mientras exigían apertura total a los países periféricos. El doble estándar se volvió regla.
Siglo XXI: guerra comercial, tecnología y neo-mercantilismo
La crisis de 2008 marcó un nuevo punto de inflexión. El discurso globalista comenzó a ser desafiado incluso desde las metrópolis. La guerra comercial entre Estados Unidos y China reveló que el arancel seguía siendo un arma fundamental de disputa geopolítica. La administración de Donald Trump elevó aranceles a productos chinos, apelando a la necesidad de «recuperar empleos industriales», mientras subsidiaba a sus propios productores.
Este retorno del proteccionismo no es una novedad, sino un retorno de lo reprimido: la contradicción estructural del capitalismo globalizado. Como señaló David Harvey en El nuevo imperialismo (2003), el capital necesita expandirse constantemente pero tropieza con sus propios límites, generando ciclos de crisis que solo pueden resolverse por medios violentos: guerras, endeudamiento forzado, destrucción creativa… o tarifas aduaneras.
En América Latina, mientras tanto, los gobiernos neoliberales —como el de Mauricio Macri en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil— redujeron los aranceles, destruyeron industrias locales y entregaron el mercado interno al capital transnacional. La consecuencia fue desempleo, desindustrialización y un retorno al modelo extractivista-exportador del siglo XIX.
El arancel no es técnico, es político
La historia de los aranceles aduaneros revela algo incómodo para las ortodoxias económicas: no hay política comercial neutral. Toda tarifa es una decisión política sobre quién gana y quién pierde, quién produce y quién consume, quién se desarrolla y quién queda sometido. Lejos de ser un resabio del pasado, los aranceles son hoy más relevantes que nunca como expresión de las tensiones del capitalismo global.
No se trata de defender o rechazar el proteccionismo en abstracto. Se trata de preguntarse: ¿proteccionismo para quién? ¿Para el pequeño productor o para el oligopolio local? ¿Para fortalecer el trabajo nacional o para garantizar rentas extraordinarias al empresariado prebendario? Lo que está en juego no es una tasa, sino un proyecto de país.
Fuentes académicas consultadas:
Hobsbawm, Eric. La era del capital: 1848–1875. Crítica, 1998.
Chang, Ha-Joon. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press, 2002.
Harvey, David. El nuevo imperialismo. Akal, 2003.
Gallagher, Kevin P. «Understanding Developing Country Resistance to the Doha Round.» Review of International Political Economy, 2008.
Irwin, Douglas A. «The Smoot–Hawley Tariff: A Quantitative Assessment.» The Review of Economics and Statistics, 1998.
Escala la polémica en San Isidro por el abandono de diez patrulleros nuevos que fueron adquiridos en 2021 pero que la gestión de Gustavo Posse nunca puso en funciones.
El hecho había provocado acusaciones hacia Posse por parte del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, en medio del acto donde esos móviles -puestos a punto por la gestión de Ramón Lanús- finalmente fueron destinados al patrullaje del distrito.
En la última sesión del Concejo Deliberante local, fue el concejal Walter Pérez, ex funcionario de Gustavo Posse, el que se refirió a la polémica. Ahí, dijo que la pasada gestión nunca haya usado esos patrulleros porque “sobraban”.
“Nosotros no los habíamos puesto en funcionamiento porque no teníamos policías, porque los móviles que habíamos asignado a las comisarías sobraban por la cantidad de efectivos que había”, sostuvo.
Ante eso, desde el oficialismo local salieron al cruce: “Los patrulleros abandonados son la mejor imagen de una política que no piensa en los vecinos, que cree que con una foto alcanza, que no trabaja para mejorar su calidad de vida, sino para sumar votos”, dijo el concejal de Convocación San Isidro Juan Pablo Ocampo.
Y agregó: “Nosotros no hacemos ese tipo de política. No especulamos con la seguridad de los sanisidrenses. Trabajamos todos los días para que reciban los mejores servicios y para que el personal municipal cuente con las mejores herramientas para hacer su trabajo”.
Como contó LPO, los patrulleros fueron comprados en 2021 con un fondo de asignación específica, pero jamás fueron entregados a la Policía bonaerense, ya que no se había cerrado un convenio de cesión con la Provincia. Mientras tanto quedaron abandonados.
La gestión de Ramón Lanús los puso a punto y, tras resolver los problemas administrativos heredados, los cedió a las comisarías del distrito que dependen del gobierno provincial.
Nosotros no los habíamos puesto en funcionamiento porque no teníamos policías, porque los móviles que habíamos asignado a las comisarías sobraban por la cantidad de efectivos que había
“Estos patrulleros vieron la luz después de tres años de estar escondidos y esto habla de una forma de la política que debemos dejar atrás: llenarse la boca hablando de la seguridad y tener escondidos 10 patrulleros en un galpón”, había dicho el ministro Alonso, en un evidente reproche a Posse.
Asi, valoró la gestión en materia de seguridad de Ramón Lanús: “Respeto mucho lo que estás haciendo porque la seguridad no se resuelve por arte de magia. No se resuelve con tweets, significa estar, estar, estar”, dijo.
Los patrulleros en cuestión serán destinados a la base de operaciones de La Cava y al Comando de Patrullas que combate el delito en todo San Isidro. Con estos patrulleros, ya son 59 los nuevos móviles incorporados en San Isidro en el último año de gestión.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio. En los Puntos Limpios…
