Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Informe agosto 2020

Desde que comenzó el año 2020 hasta hoy 31 de agosto, registramos en nuestro padrón público y de libre acceso que puede consultarse en www.niunamenos.lavaca.org estas dramáticas cifras:

  • 192 femicidios
  • 62 travesticidios y trasnfemicidios
  • 221 huerfanxs
  • 102 intentos de femicidios, desde el inicio de la cuarentena
  • 3 muertes por aborto clandestino
  • 50 mujeres desaparecidas
  • 10 crímenes en investigación sospechados de femicidios
  • 22 femicidias se suicidaron luego de asesinar

También hemos registrado que durante este mes de agosto se realizaron al menos 14 marchas en diferentes ciudades del país para reclamar justicia por femicidios. Estas marchas exponen la demanda social de medidas concretas para frenar y prevenir la violencia patriarcal, pero también deja en claro que cada femicidio implica que esa violencia también la sufre el tejido social. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún protocolo de intervención en la comunidad para elaborar colectivamente el trauma. El Estado debe disponer de equipos especializados y recursos concretos para que en colegios, barrios y organizaciones sociales afectados por un femicidio se transformen en la sede de debate de qué pasó y por qué, como forma de curar heridas y prevenir violencias.

Señalamos además y muy especialmente este mes en el que el Parlamento está debatiendo la reforma del Poder Judicial que es necesario que esa agenda incluya el tema de femicidios para contar, al fin y en todo el país con fiscalías especializadas y una justicia con perspectiva de género, tal cual obliga al Estado argentino los tratados y leyes nacionales en vigencia.

PODER JUDICIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO: dos triunfos sociales*

En el contexto de debates y cruces por la propuesta oficial de reformar el Poder Judicial se han producido dos novedades relevantes en materia de justicia y violencia de género. Una ha sido la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en el caso del femicidio de Lucía Pérez, y otra ha sido la publicación en el Boletin Oficial del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que aprobó el acuerdo de solución amistosa en el caso llevado al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer

de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) contra la República Argentina por la Sra. Olga del Rosario Díaz.

En el caso del femicidio de Lucía Pérez el Tribunal de Casación provincial ha sido enérgico en darle luz, desde la Justicia misma, a una de sus realidades más oscuras: la falta de perspectiva de género.

OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ

El Tribunal puso el acento en la poca seriedad que tuvo la fiscal y de la que se hicieron eco y con énfasis los jueces de primera instancia, al aplicarse en forma indebida al análisis de la vida íntima de la víctima con anterioridad al hecho y sin contextualizarlos desde una perspectiva de género. Esto es, decidieron en base a la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Es la primera vez en la historia judicial argentina que un Tribunal de Casación desnuda el credo patriarcal de un Poder Judicial machista al calificar la labor judicial de primera instancia y su producto, la sentencia, como: «…resulta ser una sentencia que sigue perpetuando estereotipos de género, decidiendo arbitrariamente y sin una derivación razonada de las constancias (aun considerando que las mismas sean deficientes), y sin una perspectiva de género…».

El extenso y jugoso fallo del Tribunal no solo castiga la visión machista de los actores judiciales que intervinieron en el caso de Lucía Pérez, sino que constituye un valiente desafío que se proyecta a la casi totalidad a un Poder Judicial corporativo y patriarcal, que lejos está de satisfacer adecuadamente los compromisos jurídicos internacionales que asumió la Argentina en materia de violencia de género.

La segunda novedad es la aprobación del acuerdo en el caso de Olga del Rosario Díaz, quien siendo sobreviviente de tentativa de femicidio por apuñalamiento por parte de su ex pareja había denunciado a la República Argentina ante el Comité CEDAW por:

1) Haber promocionado conciliaciones entre víctima y agresor;

2) No adoptar medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas;

3) Afectarse el derecho a ser oída en el proceso y que su opinión sea tenida en cuenta;

4) Colocar en cabeza de la víctima la responsabilidad de protegerse (vaya coincidencia con las manifestaciones públicas del fiscal Teran, de Cutral Có que imponía a una periodista que las víctimas disparasen a sus agresores);

5) Presencia de estereotipos en las actuaciones judiciales;

6) Ineficacia del aparato penal por falta de investigación de hechos de violencia previos;

7) Abordaje judicial fragmentado (1 causa civil, 3 penales) cuando el caso exigía un abordaje integral y coordinado.

La República Argentina finalmente reconoció su responsabilidad internacional ya que el actuar de los funcionarios judiciales intervinientes violaron las normas de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y sus Recomendaciones n° 19, 33 y 35.

En virtud de ello se dispusieron las siguientes medidas de reparación:

1. Ofrecimiento de disculpas públicas a Olga del Rosario Díaz a través de un acto presenciado por altos funcionarios;

2. Constitución de un tribunal para determinar la reparación económica de los daños;

3. La atención integral de la víctima para abarcar las distintas esferas que se encuentran vulneradas en el caso;

4. Elaboración y publicación de un documento de «Principios Generales de Actuación» en materia de violencia de género por parte de organismos nacionales y de CABA que deberá contener al menos nueve estándares directrices especificados en el acuerdo;

5. La exigencia por parte del Consejo de la Magistratura de capacitación en materia de perspectiva de género y un registro público de funcionarios denunciados por esta cuestión; 6. El compromiso de continuar capacitando conforme las previsiones de la Ley Micaela.

Es de esperar que en ese Registro Público que se comprometió el Estado argentino a elaborar figuren en primer lugar los jueces que firmaron la sentencia ahora abolida por Casación y que había dejado impune el femicidio de Lucía Pérez.

OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ

Estos dos hitos son apreciados desde este Observatorio como avances positivos de la sociedad argentina, ya que nos indican que no se tratan de casos puntuales y aislados sino de una constante en los poderes judiciales, nacionales y de las distintas jurisdicciones del país. Por lo que entendemos que la reforma judicial debería abarcar también una modificación de patrones culturales que introduzcan una real, y no declamativa, perspectiva de género que no puede quedar circunscripta a la mera paridad de cargos.

En el caso de Lucía Pérez, la parte acusadora sin perspectiva de género fue una fiscal (mujer), por lo que la mera paridad no es suficiente para asegurar la perspectiva de género y por ello desde aquí reclamamos que la reforma judicial incluya una urgente profundización en estos aspectos para deconstruir una justicia a todas luces conservadora, jurídicamente anacrónica, estereotipizante y patriarcal.

*Por Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans.

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